¿Una intervención adicional es un remedio para una intervención anterior?

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[On Freedom and Free Enterprise: Essays in Honor of Ludwig von Mises (1956)]

Todas las variedades de interferencia (pública) con los fenómenos del mercado, no solo fracasan a la hora de lograr los fines buscados por sus autores y defensores, sino que producen un estado de cosas que (desde el punto de vista de las valoraciones de dichos autores y defensores) es menos deseable que el estado previo de cosas que pretendían alterar. Si se quiere corregir su manifiesta impropiedad y absurdo complementando las primeras acciones de intervención con más y más de dichas acciones, hay que ir cada vez más lejos hasta que la economía de mercado se haya destruido completamente y la haya sustituido el socialismo. (Ludwig von Mises, La acción humana, p. 854)

La miopía masiva de nuestros tiempos ha sido una reverencia reaccionaria hacia la intervención pública. Cuando algo va mal, ya sea un descarrilamiento de tren o un cambio en los precios bursátiles, las masas cobardes siempre reclaman solo una ley más. En todo el mundo hay un espíritu de igualitarismo y confianza en la omnipotencia del gobierno que ciega a la gente ante las consecuencias inevitables e indeseables de las intervenciones que defienden actualmente. Poco puede discutirse que la gran mayoría de nuestros ciudadanos creen que la acción pública es la mejor respuesta a todo problema económico de pobreza o prosperidad.

Esta tendencia general hacia la intervención pública se ha visto estimulada por la idea de que las mayorías pueden continuar tomando por fuerza legal a los ricos y dárselo a los pobres para el beneficio perpetuo de la sociedad en su conjunto. Así que la intervención pública se considera un arma moral y económica a usar para el bienestar de todos los que “no tienen”. La cruzada por la comodidad de las criaturas ya no se considera una lucha contra la avaricia de la naturaleza. Por el contrario, se idealiza ensoñadoramente como una campaña de reparto político de la “parte justa” de la riqueza producida por otros para cada grupo.

Lo más sorprendente de esta evolución ha sido la rapidez con la que cada vez más de los despojados “poseedores” se están uniendo al culto intervencionista, formado con el propósito expreso de nivelar a la baja su riqueza supuestamente inmerecida. Cada día, nuevos grupos de “poseedores” se unen a los grupos de presión que creen que “tendría que haber una ley” para acabar con sus problemas protegiéndolos del funcionamiento de un mercado libre. Raras veces reclaman la abolición de las leyes que son tan a menudo la raíz de sus problemas. De acuerdo con la religión del momento, piden nuevas restricciones legales, que creen que les protegerán de los males producidos por las leyes interventoras que se encuentran ya en los códigos.

En Estados Unidos, un ejemplo de esta tendencia se ve claramente en la demanda proveniente de algunos empresarios y sus asociaciones para que los estados individuales aprueben leyes del llamado derecho a trabajar. Las leyes propuestas prohibirían futuros contratos de empleo que especificaran que todos los empleados deben pagar las cuotas al sindicato elegido por la mayoría de los empleados del empresario en unas elecciones supervisadas por el gobierno. Esos contratos, aunque representen los deseos libres y voluntarios de los empresarios y empleados afectados, serían declarados contrarios a la política pública y por tanto ilegales. Un creciente número de empresarios cree que esas leyes producirían un mejor equilibrio en las filas de la “lucha de clases” supuestamente existente entre el “trabajo” y la dirección. Esto parecería indicar que muchos empresarios actuales no tienen, ni fe en el gobierno, ni comprensión de los principios económicos que revelan que un mercado libre es el medio más eficiente que pueden usar los hombres libres, pacíficos e inteligentes para la mejora de las personas individuales, así como el bienestar general.

Los que defienden una prohibición legal de las cláusulas sindicales rara vez se dan cuenta de que están sellando su propia destrucción y colocando su futuro destino en manos de legisladores que están demasiado ansiosos por asumir el control de toda la actividad económica. No ven que dichas leyes son básicamente una entrega de sus derechos a emplear a quien quieran elegir bajo condiciones de libre mercado. Parecen creer que la intervención que apoyan es una buena intervención, porque, en su opinión, reforzará su bando contra el enemigo común del “trabajo”. Creen que aumentará su libertad y encadenará a sus “oponentes”. Sin embargo, también los empresarios son víctimas de la tendencia a pensar en la producción de riqueza en términos de “lucha de clases”, en lugar de en términos de cooperación social para beneficio mutuo en un mercado libre y pacífico.

Estos empresarios, considerados comúnmente como “poseedores”, están en realidad defendiendo un programa diseñado por Karl Marx para la destrucción del mismo sistema capitalista que les ha proporcionado su riqueza y posición actuales. Deberían saberlo. Si no leen, estudian y digieren las 881 páginas de La acción humana, deberían al menos examinar cuidadosamente el panfleto mucho más corto Manifiesto comunista escrito por Marx y Engels en 1848.

El Manifiesto comunista nos dice:

El objetivo inmediato de los comunistas es (…) una conquista del poder político por el proletariado. (…) En este sentido, la teoría de los comunistas puede resumirse en una única frase: Abolición de la propiedad privada. (…) La propiedad, en su forma actual, se basa en el antagonismo entre capital y trabajo asalariado. (…) El proletariado utilizará su supremacía política para arrebatar, gradualmente, todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción de las manos del estado, es decir, del proletariado organizado como clase dirigente. (…)

Por supuesto, al principio, esto no puede llevarse a cabo salvo por medio de incursiones despóticas sobre los derechos de propiedad y sobre las condiciones de la producción burguesa; por tanto, por medio de medidas que parecen económicamente insuficientes e insostenibles, pero que, en el curso del movimiento se superarán, se necesitarán más incursiones contra el viejo orden social, que resultan inevitables como medio para revolucionar completamente el modo de producción.

El documento, que representan el primer pensamiento de Marx, proporciona un plan para toda la intervención pública. Está en línea con la tesis de Mises de que la intervención pública, que genera una demanda con éxito de cada vez más intervención pública, debe llevar finalmente a la eliminación de la economía de mercado y el establecimiento de una dictadura socialista.

Por supuesto, hay muchos métodos para destruir riqueza y crear una dictadura, pero el método original de los marxistas, como se ha dicho antes, era proponer una intervención incapacitante que sería “económicamente insuficiente e insostenible”. Luego, cuando esta intervención original empeorara las cosas, podrían crear fácilmente una demanda de más “incursiones despóticas sobre los derechos de propiedad” hasta que finalmente toda la actividad económica estuviera dirigida por el Estado Socialista como único poseedor o controlador de los medios de producción. Marx decretaba que este programa de intervención pública acabaría llevando a la abolición de la propia privada y la creación del Estado Socialista. Mises está de acuerdo. Fue una serie de dichas “incursiones despóticas” sobre la propiedad privada lo que acabó convirtiendo a la economía alemana en una dictadura nacionalsocialista. Esa intervención paso a paso, si se lleva hasta su conclusión lógica, producida los mismos resultados en cualquier país, incluso en Estados Unidos.

El gran error en el pensamiento de aquellos que defienden las llamadas leyes de derecho a trabajar es su idea de que estas leyes curarán algunos de los pecados de las leyes laborales federales que ahora conceden privilegios especiales a los sindicatos. Mediante el uso sagaz estos privilegios, los sindicatos extorsionan, consiguiendo rentas más altas que el mercado libre para sus miembros, a costa del bienestar general. Esta situación deriva de la ceguera popular ante el hecho de que, en una sociedad moral, la única manera en la que alguien, incluyendo los sindicatos y sus miembros, pueden ganar honradamente más riqueza es creándola y no tomándola de otros.

Los defensores de dichas leyes aceptan la falsa idea, que aparece en muchos libros de texto clásicos de economía, de que la riqueza se distribuye después de producirse. Aunque mucha riqueza se distribuye, en el sentido de ser transportada geográficamente, no se distribuye en el sentido popular de que el emprendedor distribuya o divida los resultados de una aventura empresarial contemplada o completada en rentas, salarios e intereses, siendo calificado el resto como ganancia o pérdida. Pocos, demasiados pocos, incluso entre los llamados economistas parecen darse cuenta de que en una economía de libre mercado el dueño de cualquier factor de producción recibe el valor completo del mercado de su contribución, al ser evaluada libremente en el momento en el que el dueño de dicho factor acepta participar en la aventura conjunta. Esto debe ser cierto si creemos que los hombres libres solo redactan y firman contratos que proporcionan a cada signatario los que considera mejores términos disponibles para él en ese momento.

Todos los contratos o acuerdos del mercado libre buscan una porción de los beneficios emanados de la mayor división del trabajo y los intercambios resultantes. En una economía libre, estos intercambios tienen lugar a precios establecidos en el margen en el que se equilibran oferta y demanda como consecuencia de los valores objetivos relativos atribuidos a todos los productos ofrecidos por todos aquellos participantes que contribuyen y comparten esos intercambios del mercado. A estos precios se llegará mediante un proceso mental en el que cada participante dispone sus deseos a satisfacer de acuerdo con una escala de valores. Cada participante intercambia luego sus contribuciones por un medio de intercambio mutuamente aceptable hasta el punto en el que mayores cantidades de ese medio ya no serían, en su opinión, compra de bienes o servicios que el participante evalúa más alto que los placeres del resto (desutilidad de un mayor trabajo) o aquellas cosas que ha producido o puede producir sin la cooperación de otros.

Demasiadas personas no consiguen entender los principios subyacentes del intercambio voluntario en un mercado libre. Esta ignorancia de los principios económicos lleva a muchos a creer que cuando los sindicatos usan sus privilegios concedidos por el gobierno para tomar por la fuerza (robar) esa riqueza que pertenecía a otros, están consiguiendo “ganancias sociales” para todos los trabajadores. Esto es parte integral de la doctrina marxista de la lucha de clases, que dice que la producción de riqueza es una batalla entre capitalistas y trabajadores y que cualquier ganancia para algunos trabajadores es una pérdida para los capitalistas y, por tanto, una ganancia para todos los trabajadores. Por desgracia, mucha gente tiende a colocarse mentalmente en la posición de aquellos que obtienen estas supuestas ganancias, obtenidas por el saqueo legal de la sociedad por los sindicatos. La mayoría de la gente no se da cuenta de que son a menudo ellos mismos los que deben pagar estas supuestas ganancias sociales en forma de precios más altos, salarios más bajos y, demasiado frecuentemente, desempleo crónico. No son coganadores. Son perdedores. La aceptación popular de esta medida permite a los sindicatos seguir con sus formas de extorsión, animados por las mismas personas a las que están dañando.

Si no se corrigen el pensamiento popular sobre este asunto, estas actividades inmorales y ante económicas de los sindicatos acabarán creando una situación para la cual la solución popular bien puede ser una dictadura socialista. Para evitar esta posibilidad, aquellos que están mejor informados deben atravesar la niebla y mostrar más allá de cualquier atisbo de duda que las actividades actualmente populares de los sindicatos son dañinas para el bienestar general y generan niveles de vida relativamente inferiores a los que prevalecerían en una economía de libre mercado.

El hecho de que muchas prácticas sindicales actuales sean dañinas para el bienestar general no significa que todas las actividades de los sindicatos deban necesariamente ser consideradas malas o antieconómicas. Hay muchas funciones verdaderamente económicas que pueden llevar a cabo los sindicatos. En una sociedad libre y moral, los sindicatos serían únicamente grupos voluntarios organizados para ayudar a sus miembros al ayudarles a aumentar su producción y por tanto su contribución a la sociedad. Su propósito principal sería aumentar los niveles de calidad y producción. Serían por tanto una fuerza para el bien económico de la sociedad en general, así como de sus miembros.

En el último medio siglo, la opinión popular y profesional ha saltado de un extremo al otro. Hace 50 años, se pensaba que los sindicatos no podían hacer ningún bien. Hoy hay una fuerte tendencia a pensar que los sindicatos no pueden hacer ningún mal. Incluso su violencia física se acepta con complacencia. Son una ley por sí mismos, libres de la responsabilidad legal de su ilegalidad. Es al tiempo necesario e importante que distingamos entre las actividades de los sindicatos que son beneficiosas económicamente y aquellas que son destructivas de la vida, la propiedad y la cooperación social.

Debido a las recientes actividades de la mayoría los sindicatos, hay una creciente tendencia entre aquellos que tienen alguna comprensión de la economía a asociar todas las actividades sindicales, y por tanto a los propios sindicatos, con acciones malas o antieconómicas. No hacemos esto con aquellas organizaciones profesionales que ahora establecen altos estándares de capacidad y rendimiento para todos sus miembros y posibles miembros. En otro tiempo y ambiente, es completamente posible que grupos llamados sindicatos puedan parecerse mucho más a nuestras mejores organizaciones profesionales en el sentido de que podrían crear y mantener altos estándares de membresía y rendimiento. Podrían entonces atraer a todos los mejores trabajadores y, si fuera así, los empresarios podrían encontrar que los miembros del sindicato son mucho mejores trabajadores que los miembros no sindicalizados. Si las membresías en dichos sindicatos estuvieran abiertas a todos los trabajadores cualificados, ya no representarían a un grupo que estuviera buscando privilegios egoístas a costa del bienestar general. Serían grupos tratando de aumentar la cantidad y calidad de la producción, de manera que todos los participantes en el mercado recibirían retornos más altos por sus contribuciones. Si podemos visualizar una situación así, seremos más capaces de entender por qué los empresarios deberían ser libres de firmar contratos para contratar solo ese tipo de trabajadores de alta calidad y por qué las llamadas leyes del derecho al trabajo interferirían con el objetivo principal de la cooperación social: las mayores satisfacciones de todos los participantes individuales en el mercado.

¿Qué es el “derecho a trabajar”?

Desde los tiempos de Adán y mucho antes de Adam Smith, el hombre ha estado muy preocupado por su derecho a vivir. Dios creó un hombre que no puede vivir sin realimentar y renovar su cuerpo continuamente. Los hombres deben trabajar para que los hombres puedan vivir. Así que los hombres tienen una necesidad absoluta y, por tanto, un derecho inherente al trabajo. Este es un hecho elemental que plantea pocas preguntas.

Este derecho inherente al trabajo, como su derecho aliado de la búsqueda de la felicidad, está otorgado por Dios. Si suponemos que está otorgado igualmente a todos los hombres y para ser coherentes, debemos también suponer que los derechos de un hombre, correctamente entendidos, no pueden entrar en conflicto con los derechos de otro. De esto debe deducirse por tanto que el derecho inherente al trabajo es únicamente el derecho de cada persona individual a usar su mente, capacidades físicas y capital acumulado para producir aquellas cosas que necesita y quiere, de acuerdo con sus propios valores, capacidades y deseos morales individuales. No incluye ningún derecho de un hombre a imponer su voluntad a cualquier otro. Tampoco obliga a ningún hombre a emplear a ningún otro hombre, ya sea miembro del sindicato o no lo sea.

Los hombres inteligentes saben y conocen el principio económico subyacente de la visión del trabajo, por la que los hombres mediante cooperación mutua pueden aumentar su producción total y por tanto las satisfacciones de todos los que participan voluntariamente en la cooperación social. Este sistema de producción cooperativa especializada de intercambio, conocido como economía de libre mercado, permite a cada participante beneficiarse por su contribución a la mayor satisfacción de los demás participantes. Si, en cualquier momento, cualquier participante no considerada más valioso lo que recibe del mercado que sus contribuciones, solo tiene que dejar de participar en el mercado.

En una economía de libre mercado, toda acción humana de cooperación social se asume con la expectativa de que los resultados mejorarán la condición o las satisfacciones de cada participante. Si no fuera así, las personas no participarían voluntariamente. Estos principios de ventaja mutua se aplican a todas las transacciones del mercado, incluyendo acuerdos de empleo libremente negociados entre empresarios y empleados. El acuerdo cuyos términos solo pueden alcanzarse cuando todas las partes de este esperen que los resultados mejoren sus satisfacciones con respecto a las que tendrían si no hubiera dicho acuerdo.

Por desgracia, pocas personas entienden estos principios económicos. Confundidos por nuestra complicada sociedad moderna, muchas personas parecen creer que una parte de un acuerdo está en disposición de imponer su voluntad sobre la otra. En el caso de los acuerdos de empleo, se supone erróneamente que, si se les deja solos, los empresarios pueden imponer sus condiciones a los empleados. Esta creencia errónea lleva una reclamación de que el gobierno intervenga para “proteger” a los empleados aprobando leyes que limiten y regulen los términos y condiciones del empleo privado igual que el público.

Algunas de esas leyes buscan dar a ciertas personas, normalmente miembros de sindicatos, un “derecho al trabajo” legal para empresarios que prefieran contratar a otras personas, normalmente no sindicalizadas, dispuestas a trabajar en términos más satisfactorios para los empresarios. Esas medidas coactivas han llevado a algunas personas a creer que deberían aprobarse nuevas leyes que darían a las personas no sindicalizadas un “derecho al trabajo” legal para empresarios que hayan aceptado contratar solo a miembros sindicalizados. Estos “derechos al trabajo” legales y artificiales para empleados concretos no deberían confundirse con nuestro derecho inherente al trabajo concedido por Dios para nosotros y otros que busquen voluntariamente nuestros servicios en condiciones que sean mutuamente satisfactorias. Uno, la intervención pública, es un derecho coactivo desigual que limita por la fuerza los derechos iguales de otros; el otro, concedida por Dios, es un derecho igual de los hombres libres que no supone ninguna carga para nadie.

Las llamadas leyes de derecho trabajo prohíben los acuerdos de “empresa sindicalizada”, en la que los empresarios acuerdan contratar solo a quienes estén de acuerdo en afiliarse al sindicato seleccionado por la mayoría dentro de un periodo concreto de tiempo. Los defensores de dichas leyes mantienen que, si las empresas sindicalizadas son legales, los sindicatos pueden detener y detendrán el empleo de aquellos que no se afilien o paguen el tributo al sindicato. Por supuesto, eso es verdad. Esos defensores argumentan entonces que los acuerdos de empresa sindicalizada impiden que los hombres no afiliados a sindicatos se ganen la vida en los sectores que prefieran. Sostienen que esta es una violación del derecho inherente al trabajo de los hombres que rechazan afiliarse o pagar el tributo al sindicato de la mayoría. Esa lógica supone que los hombres tienen un derecho inherente al trabajo de un empresario particular, lo quiera él o no.

¿Tienen los hombres ese derecho inherente? En opinión de quien escribe, no.

Deberíamos tener en cuenta el objetivo principal de una sociedad libre. Este debería ser siempre la búsqueda y mantenimiento de la libertad económica con sus dos corolarios básicos: (1) El derecho a poseer y disfrutar de toda propiedad ganada o recibida justamente; (2) El derecho a redactar y firmar contratos con otros, en beneficio mutuo de los participantes, siempre que dichos contratos no invadan la propiedad o los derechos iguales de otros hombres libres y morales. Este derecho, a redactar y firmar contratos, incluye el derecho de empresarios y empleados a redactar y firmar contratos mutuamente acordados para un trabajo moral.

En una economía libre, todos esos acuerdos de empleo mutuamente satisfactorios serían válidos. Por otro lado, todas las relaciones de empleo mantenidas por obligación serían inválidas. Ningún empresario o futuro empresario tiene ningún derecho a contratar a ninguna persona que no quiera ese empleo en los términos proferidos. Igualmente, ningún empleado ni futuro empleado tiene ningún derecho al empleo con ningún empresario concreto, si ese empresario no le quiere como empleado en los términos por los que esa persona está dispuesta a trabajar. En una sociedad libre, todo empleo debe ser mutuamente ventajoso a largo plazo para empresarios, empleados y consumidores. Si por alguna razón o falta de razón cualquiera de las partes en un acuerdo de empleo encuentra insatisfactorio o desventajoso en cualquier sentido el acuerdo, debería ser libre para rescindirlo y aceptar uno más satisfactorio tan pronto como se hayan cumplido sus obligaciones contractuales. En una economía libre, este derecho a abandonar el empleo se aplica por igual a empresarios y empleados. En ausencia de un acuerdo voluntario anterior, ningún empresario tiene ningún derecho válido a los servicios de ningún hombre libre. Igualmente, en ausencia de un acuerdo voluntario anterior, ningún hombre tiene ningún derecho válido a un empleo con ningún empresario concreto.

Pues resulta aparentemente difícil para muchas personas entender que, aunque la gente sí tiene un derecho al trabajo, no tiene un derecho a cualquier empleo concreto. Cuando el difunto Calvin Coolidge era gobernador de Massachusetts, trató el asunto directamente en el momento en que algunos policías de Boston se pusieron en huelga. Declaró sencilla y claramente quien nadie tenía derecho a ser un policía. No entender este principio es la parte crucial de la confusión popular acerca de los casos de Oppenheimer, Ladejinsky y muchos otros en los titulares actuales.

En ausencia de acuerdos previos, la gente no tiene derecho a un empleo con el gobierno o con ningún otro empresario concreto. En una economía libre todo el empleo se acuerda en términos mutuamente satisfactorios. Ningún empresario tiene ningún derecho a contratar a ningún trabajador que no lo desee. Igualmente, ningún solicitante de empleo tiene un derecho inherente a ser contratado por un empresario que no quiera sus servicios. Un acuerdo de empresa sindicalizada firmado voluntariamente indica que, bajo las condiciones actuales, el empresario prefiere no contratar trabajadores no sindicalizados. Tiene todo el derecho a firmar un contrato así y solo lo haría si pensara que es económicamente ventajoso.

Uno de los atributos más valiosos de la libertad es el derecho de los hombres libres a elegir sus socios, siempre que esa asociación sea mutuamente satisfactoria y no entre en conflicto con los derechos iguales de otros. Este derecho a la libre asociación incluye el derecho de los hombres a rechazar la asociación con aquellos a quienes consideren objetables. Si estos derechos se ejercitan sabia y económicamente, las personas, y por tanto la sociedad, se beneficiarán. Si se usa mal, aquellos responsables y, en menor medida, todos los demás, sufrirán.

En una economía libre, los hombres tienen derecho a asociarse voluntariamente en sindicatos. Igualmente, los hombres tienen derecho a rechazar unirse a esos sindicatos. Los sindicatos, como organizaciones de hombres libres, también tienen el derecho a aceptar o rechazar solicitudes para entrar en ellos y sufrir las consecuencias. Mientras todo esto se haga voluntariamente, sin fuerza ni coacción o la amenaza de esta, ningún hombre libre tiene que quejarse, salvo para señalar la sensatez o falta de sensatez de cualquier acción concreta.

En una sociedad libre, los hombres se unirían a los sindicatos y pagarían cuotas solo cuando consideren ventajoso hacerlo. Si las leyes no concedieran a los miembros de los sindicatos privilegios por encima de los no sindicalizados, pocos hombres se afiliarían a sindicatos, salvo que dichos sindicatos, operando en una economía libre, pudieran ayudarles a conseguir y mantener puestos mejor pagados. Para hacerlo, los sindicatos tendrían que ayudar a sus miembros a encontrar y ocupar trabajos más productivos. Esto y solo esto permitiría a los miembros del sindicato llegar a salarios más altos. Todas las cuotas sindicales representarían entonces solo una fracción de esta producción mayor de riqueza.

Así que, los sindicatos, privados de sus privilegios legales especiales, solo existirían cuando contribuyeran a las crecientes satisfacciones de la sociedad, así como de sus miembros. Ningún trabajador contribuiría voluntariamente a un tesoro sindical salvo que creyera que las prestaciones recibidas o que se espera recibir excederán sus costes.

En una sociedad libre, los empresarios también disfrutan del derecho de libre asociación. Tienen derecho a emplear a cualquier solicitante que deseen, siempre que el tipo de actividad considerada sea aceptable en una sociedad de mercado libre y moral y los términos del empleo sean aceptables para el solicitante. Los empresarios tienen también un derecho a rechazar a algunos o todos los candidatos y sufrir las consecuencias. Tienen derecho a contratar solo a miembros de sindicatos o solo a quienes no son miembros de sindicatos, si pueden encontrar a aquellos candidatos dispuestos a aceptar sus condiciones. Si rechazan contratar a los mejores candidatos disponibles debido a antipatías personales, sus pérdidas económicas pueden ser considerables. Si buscan las mayores ganancias o beneficios económicos, deben seleccionar empleados con mentalidad de eficiencia económica y del máximo beneficio. Si quieren sobrevivir en un entorno altamente competitivo en busca de los dólares de los consumidores, deben contratar solo a aquellos que proporcionen el servicio más eficiente deseado por los salarios pagados. En un mercado libre, oferta y demanda determinarían los niveles salariales. Si todos los hombres están empleados con su salario de mercado, que es el salario máximo que un empresario cree que se puede recuperar rentablemente de los clientes por el producto de su trabajo, entonces cualquier empresario o futuro empresario en busca de un nuevo empleado debe ofrecer a los candidatos mejores condiciones de aquellas existentes y estas nuevas condiciones superiores deben pagarse a todos los que hagan un trabajo similar.

Tanto empresarios como sindicatos tienen derecho a firmar y mantener cualquier contrato para un empleo moral, siempre que se llegue al acuerdo voluntariamente y sin el uso o amenaza de ninguna fuerza, coacción o violencia. Solo deberían prevalecer las obligaciones de oferta y demanda del mercado. Una vez se firma ese contrato, se convierte en propiedad privada de las partes respectivas. Así que la función del gobierno es proteger esa propiedad privada frente a la violencia y ayudar a la resolución pacífica de cualquier diferencia que pueda parecer.

Hoy hay una creencia casi religiosa en que el gobierno debería hacer más que mantener la paz y arbitrar las diferencias de opinión. Millones creen que la intervención pública puede crear “ganancias sociales” interfiriendo en el mercado libre para obligar a un grupo a conceder a ciertas disposiciones, derechos y privilegios que no podrían obtener en un mercado libre. Aprovechando esta falta popular de compresión económica, los sindicatos han buscado y han obtenido la aprobación de leyes que les permiten dictar las condiciones bajo las cuales se permite funcionar su rama elegida de producción. Si los emprendedores no pueden estar de acuerdo o no lo están, la producción cesa y el capital acumulado queda ocioso, deteriorándose sin satisfacer ninguno de los deseos reconocidos de los consumidores. Incluso cuando permiten que funcione el sector, los sindicatos a menudo actúan impidiendo el uso de los métodos más eficientes de producción. Al utilizar su derecho legal para impedir que otros asignen los empleos que quieren, insistiendo en la “sobrecontratación”, los consumidores, actuando a través de los empresarios, deben pagar con trabajos que no se necesitan y pueden no realizarse.

Estas y muchas otras actividades actuales de los sindicatos actúan como sordina sobre la producción y el bienestar general de todos los participantes en el mercado. Esas actividades sindicales también molestan a empresarios y a todos los demás que entienden de economía y buscan una mayor producción para una mayor satisfacción de sí mismos y de otros consumidores.

Muchos empresarios parecen creer que con conseguir que los gobiernos estatales aparecieran en el panorama laboral de su lado y prohibieran los contratos de empresas sindicalizadas, igual que ahora firman en buena medida bajo coacción, podrían aumentar la producción, los beneficios y el bienestar general sin tanta interferencia sindical. No se dan cuenta de que el poder de los sindicatos para exigir beneficios ante económicos para grupos minoritarios a costa de la sociedad es el resultado de los derechos legales obtenidos bajo el derecho federal, por el cual los sindicatos seleccionados por la mayoría tienen derecho a hablar en nombre de todos los empleados, sea nono miembros del sindicato o y dese o no el empresario contratar o despedir a cualquier empleado completo. Esta es la fuente legal del poder ante económico actual de los sindicatos y hasta que no se derogue este derecho legal estos continuarán siendo capaces de arrancar privilegios para aquellos a los que representan a costa de todo los demás, incluyendo empresarios, consumidores y trabajadores no organizados.

Si estas prácticas se generalizaran, las pérdidas de los miembros de sindicatos excederían sus ganancias. Aquellos a los que representan los sindicatos sufrirían entonces como consumidores en un mercado que ofrecería menos bienes de consumo de los que se encontrarían en un mercado libre. Si estas disminuciones en producción no se compensaran con una mayor acumulación de capital y eficiencia operativa, se produciría un declive real, y también relativo, en la producción. En ese caso, los efectos antieconómicos de las políticas sindicales se harían evidentes para más gente que hoy. Nuestro aumento continuo tanto en la acumulación de capital como en la eficiencia empresarial ha tendido a ocultar las pérdidas resultantes de los estragos de los sindicatos. Como consecuencia, solo unas pocas personas son ahora capaces de visualizar y darse cuenta de que nuestros mejores niveles de vida podrían aumentar aún más, si la opinión popular se limitara a oponerse a las acciones antieconómicas de los sindicatos.

Todos los miembros de la sociedad, que desean disfrutar de las ventajas de la cooperación social, deben estar dispuestos a pagar el precio de dichas ventajas. Si queremos ir a la ópera, debemos pagar la entrada. Si un hombre es miembro de cualquier organización privada y hay que pagar ciertas cuotas por ser miembro, debe pagarlas o irse. Si un trabajador quiere cierto empleo, debe cumplir las condiciones aceptables para otros candidatos. Si un empresario quiere que un empleado llegue al trabajo a las siete de la mañana y este rechaza llegar tan pronto, aquel debe ser libre de buscar a otro dispuesto a hacerlo. Ningún empleado previo debería tener ningún derecho a impedir que el empresario contrate a ese solicitante dispuesto en su lugar. Nadie cuestiona el derecho de los trabajadores a cambiar de empleo, si pueden encontrar otro que les guste más. Igualmente, nadie debería cuestionar el derecho de un empresario a cambiar sus empleados, si puede encontrar otros nuevos más apropiados para sus necesidades o gustos personales.

El mismo principio se aplica a la empresa sindicalizada. El derecho a contratar es una parte básica de la libertad económica y la propiedad privada. Ninguna ley debería prohibir o limitar el libre derecho a contratar, salvo que el contrato contemplado viole los derechos iguales de otros. En una economía libre, a empresarios y empleados se les permitiría firmar contratos de empresa sindicalizada. También se les permitiría firmar legalmente, si ambas partes lo desean, los que se han llamado contratos “amarillos” (en los que los empleados aceptan voluntariamente no afiliarse a un sindicato). Para conseguir contratos de empresa sindicalizada, los sindicatos tendrían que ofrecer a los empresarios algo mejor de lo que podrían obtener de trabajadores no sindicalizados. Para conseguir contratos “amarillos”, los empresarios tendrán que ofrecer condiciones más atractivas de las que podrían obtener los sindicatos para sus miembros. Un hombre no tiene un derecho inherente a ningún trabajo concreto. El hecho de que un empresario firme voluntariamente un contrato de empresa sindicalizada solo demuestra que, bajo las circunstancias actuales, refiere contratar ayuda sindical. No viola los derechos de ninguna persona, salvo que dicha persona sea una parte de un acuerdo válido contrario de empleo que precedió la firma del contrato de empresa sindicalizada.

Cuando el contrato de empresa sindicalizada es un acuerdo voluntario, es similar en principio a cualquier otro contrato voluntario de empleo firmado con el propósito de aumentar la producción. Los empresarios deberían ser libres para emplear a los candidatos a los que puedan convencer para aceptar sus condiciones ofrecidas. Si son lo suficientemente tontos como para querer solo trabajadores que reclamen salarios superiores a los del mercado libre, sin proporcionar una producción por encima de la media, ya sea en cantidad o en calidad, están en su derecho. Sin embargo, en una economía libre pocos empresarios serían así de tontos. Si lo fueran, los consumidores no les permitirían permanecer durante mucho tiempo como empresarios en un mercado libre. Llevarían su comercio a aquellos que pudieran vender a precios más bajos porque pagan salarios más bajos.

Ningún hombre de negocios firma ningún contrato si no está convencido, en el momento de la firma, de que sus ventajas superan sus desventajas. Siempre que un empresario firma un contrato con un sindicato, espera que los resultados netos sean menores costes empresariales que si no firmaran dicho contrato. No firmarían un contrato de empresa sindicalizada si no pensaran que, considerando todo, conseguirán los mejores trabajadores con los menores salarios. Si no los pensaran, nunca firmarían voluntariamente esos contratos.

Sin embargo, bajo las leyes presentes y la opinión popular, los sindicatos pueden convocar una huelga e impedir que los hombres trabajen. Bajo las circunstancias actuales, pueden impedir no solo el empleo de sus propios miembros, sino también el empleo de todos los solicitantes de los empleos que rechazan cubrir. Parte de este poder deriva de la aceptación popular de la línea de piquetes del sindicato, pero otra parte deriva de la fuerza otorgada a los sindicatos por la ley, con la que se impide a los empresarios negociar con miembros no sindicalizados o que no hagan huelga. La ley da al sindicato y a sus miembros un derecho otorgado a los empleos una vez ocupados por ellos y recorta el derecho de los empresarios a deshacerse de empleados que ya no deseen. A menudo se impide a los empresarios firmar contratos, incluyendo contratos de empresa sindicalizada, que no firmarían bajo condiciones de libre mercado en las que prevalecerían los deseos de los consumidores en lugar de los privilegios legales concedidos a los sindicatos y sus miembros.

Los sindicatos y sus miembros frecuentemente ocupan puestos clave que les permiten cerrar toda una fábrica o sector, interrumpiendo el flujo de producción en un punto vulnerable. Son así capaces de interferir en el trabajo de muchos empleados además de los suyos. Las pérdidas, que pueden afectar así a empresarios, compañeros de trabajo y consumidores, exceden a menudo los costes de sus demandas inmediatas. Con el uso esta forma de coacción, son a menudo capaces de obligar a los empresarios a firmar contratos, incluyendo contratos de empresa sindicalizada, que no firmarían bajo condiciones de libre mercado, en las que prevalecerían los deseos de los consumidores en lugar de los privilegios legales concedidos a los sindicatos y sus miembros.

En una economía libre, los hombres y los grupos de hombres tendrían derecho a competir por todos los empleos. No tendrían ningún derecho a impedir que hombres desempleados o peor pagados compitieran por sus empleos, especialmente cuando ellos mismos rechazan trabajar en ellos. Tal y como funciona ahora la ley, los sindicatos y sus miembros son capaces de obligar a algunos empresarios a pagar salarios más altos de los del mercado. También pueden obligar a algunos consumidores a pagar precios más altos de los del mercado. Esto reduce las compras y la satisfacción de los consumidores. Además, los sindicatos son a menudo capaces de prohibir candidatos al empleo de su sector. Esto obliga a los hombres rechazados a competir y rebajar todavía más los salarios en otros empleos o a permanecer desempleados. Esto, a su vez, ha generado una demanda de las llamadas leyes de salario mínimo y luego una demanda adicional de prestaciones de desempleo para aquellos a quienes los sindicatos y las leyes de salario mínimo hacer imposibles de emplear.

Nuestro problema es corregir la opinión popular y eliminar de los códigos todas las leyes que sean el resultado de la mentira popular de que es una “ganancia social” que se concedan privilegios a los sindicatos para detener la producción hasta que puedan conseguir lo que quieran a costa de los demás participantes en el mercado. Una vez conseguido, los sindicatos ya no serán capaces de obligar a los empresarios a firmar contratos de empresa sindicalizada bajo coerción o miedo a pérdidas económicas.

La dificultad que tenemos ante nosotros puede verse comparando las noticias del periódico de hoy con las de hace 35 o más años. Hoy, cuando los huelguistas del sindicato amenazan con violencia, hieren a ciudadanos pacíficos y dañan la propiedad, la mayoría los gobernadores rechazan llamar a la guardia nacional o la milicia para proteger a la gente y la propiedad privada amenazados. Por el contrario, hacen declaraciones culpando a ambos bandos en la “disputa”. Buscan obligar a una mediación. Rechazan proteger a los que no hacen huelga y quieren trabajar. Permiten así que pequeños grupos aterroricen a la comunidad durante semanas y meses con grandes pérdidas de propiedad y pérdidas ocasionales de extremidades y vidas. Los políticos actuales temen el poder de los sindicatos en las urnas.

En 1919, cuando la policía de Boston, Massachusetts, se puso en huelga para conseguir el derecho a unirse a la American Federation of Labor, las cosas fueron distintas. Grandes números de policías fueron a la huelga, esperando poder obligar a la ciudad a concederles condiciones más favorables de las que podían obtener en un mercado libre. Las vidas y propiedades de los bostonianos se quedaron de repente sin protección policial. El gobernador Calvin Coolidge llamó inmediatamente a la guardia estatal y protegió a todos los que deseaban trabajar como policías de Boston en las condiciones que ofrecía la ciudad. Al gobernador se le advirtió que los sindicatos organizados se opondrían a él en cualquier elección futura y así impedirían su progreso en el mundo político. Su lacónica respuesta fue: “No importa”.

Sin embargo, lo importante es que al año siguiente gobernador fue nominado y elegido vicepresidente de Estados Unidos. Cinco años después, demostró ser muy popular en las urnas como candidato hasta llegar a la Presidencia.

Hoy no hay manera de saber si un candidato político podría ser elegido si adoptara esa postura a favor de un mercado libre en las relaciones trabajo-gestión. Pocos candidatos a un cargo público, si es que hay alguno, adoptarán esa postura, porque se acepta generalmente que la mayoría de la gente ahora cree que las actuales acciones antieconómicas de los sindicatos representan “ganancias sociales”. La respuesta no está en aprobar por ley “ganancias sociales” similares para los empresarios, mediante las cuales los estados se convierten en sus defensores en una “lucha de clases” con los empleados defendidos por el gobierno nacional. Transferir decisiones económicas de la democracia económica del dólar del mercado a la democracia política de un electorado que no comprende la economía no resolvería ningún problema. Solo crearía una demanda de más medidas “económicamente insuficientes e insostenibles” que contribuirían aún más a revolucionar “el modo de producción” de una economía dirigida por el consumidor a una dictadura política socializada que se parecería mucho al régimen nacionalsocialista de la Alemania de Hitler.

La filosofía detrás de las reclamaciones de las llamadas leyes del derecho al trabajo es la filosofía de que la producción es una forma de “lucha de clases” entre empresarios y empleados. De esto se deduce que, si el gobierno da a un grupo demasiado poder, debe en justicia dar al otro un poder compensador suficiente. El gobierno intenta luego mantener un equilibrio en el campo en el que se libran estas batallas. Bajo esas condiciones, la competencia solo se mantiene rebajando al más competente al nivel donde pueda llegar el menos competente.

El propósito del negocio es la producción para la satisfacción económica de los consumidores. El éxito de los beneficios se mide por la capacidad de los suministradores del mercado en satisfacer a los consumidores. Toda la producción para el intercambio del mercado, basada en las ventajas obtenidas por la división del trabajo, es un asunto de cooperación social y no de “guerra social”. Tratar de igualar dos grupos concediendo privilegios ahora uno y luego a otro es como tratar de hacer iguales a dos cantantes de ópera impidiendo a cada uno cantar notas que el otro no puede duplicar. La única manera en la que puede lograrse esa igualdad es rebajando las satisfacciones que cada parte puede proporcionar a los consumidores. Se trata de derribar, no de construir. El hecho de que los sindicatos hayan tenido ciertos privilegios destructivos de la cooperación social no es razón suficiente para dar otros privilegios destructivos a los empresarios. El resultado neto solo puede ser una menor cooperación social y una disminución de la producción total.

Una de las cosas importantes que olvidan los que reclaman leyes de “derecho al trabajo” es que el problema se reduce básicamente a mantener al gobierno fuera y no dentro de las transacciones empresariales morales. Si ahora buscan leyes estatales que controlen los contratos de empleo, están invitando a los gobiernos estatales a participar en toda situación de empleo. Todos los acuerdos de empleo y sus rescisiones se convertirán de manera reconocida en una función para la decisión política, en lugar de la del mercado. Sería una delimitación adicional del área del mercado libre en la que personas y consumidores siguen siendo libres de registrar sus deseos sobre asuntos económicos.

Si se aprobaran estas leyes, tenderían a desarrollar aún más una situación como la que se encuentra ahora en algunos estados en los que las relaciones trabajo-gestión están supervisadas por comisiones de prácticas justas en el empleo. En esos estados los empresarios ya no se sienten libres de emplear a aquellos candidatos a los que consideran los más capaces de realizar las tareas correspondientes. Temen la decisión de algún burócrata y deben prestar estricta atención a los caprichos y deseos de los que tienen todo el poder para sancionarlos o dañar sus relaciones públicas mediante la amenaza de una demanda judicial.

Los males de una excesiva intervención antieconómica del gobierno se evidencian en el funcionamiento de la ley FEPC del estado de Nueva York. A este escritor le han contado recientemente una situación referida a una chica que pertenecía a una secta religiosa concreta. Deseaba un puesto en un departamento bancario que en ese momento estaba completamente compuesto por chicas que pertenecían a la misma secta religiosa. El banco quería contratar a esta candidata, pero no lo hizo porque temía que algún burócrata pudiera decidir que esa contratación sería una evidencia de un sesgo a favor de esa secta. El empresario creyó que debía emplear a un miembro de otra secta, o mejor aún a un miembro de una raza minoritaria, que podría o no ajustarse a este empleo concreto tan bien como la candidata rechazada.

Muchos empresarios de Nueva York ya no contratan a la gente solamente sobre la base de su capacidad. Por el contrario, creen que sus políticas de empleo deben desarrollarse de forma que mantengan los mismos porcentajes raciales y religiosos que se encuentra de la población local. Las actitudes y predilecciones de cualquier grupo o persona concreta deben olvidarse. Si no se hace así, hay que perder tiempo y energías en defender sus decisiones ante comisiones burocráticas y en la prensa.

Bajo las leyes de “derecho al trabajo”, a los candidatos no sindicalizados se les daría una base legal en los tribunales y bien podría decirse al empresario a quién podría emplear y a quién no o encontrarlo culpable de sesgo hacía personas problemáticas no sindicalizadas. Los burócratas de los estados intervendrían cada vez más, diciendo a los empresarios cuántos miembros de sindicatos y personas no sindicalizadas podrían emplear, así como a quienes podrían o no podrían despedir, promover o jubilar. El burócrata estaría presente en toda contratación, despido y promoción. Las relaciones trabajo-gestión bien podrían parecerse a aquellas de la Alemania de Hitler, en la que un hombre una vez contratado no podía ser despedido salvo por un delito contra el Estado.

El problema es impedir que los estados intervengan las relaciones laborales del mercado libre y no buscar dicha intervención. Dos negativos nunca hacen un positivo. La respuesta económica es derogar las malas intervenciones y no tratar de contrapesarlas con otra mala intervención. Esas acciones solo proporcionan a los políticos un mayor poder sobre toda la economía.

Por desgracia, muchos hombres de negocios parecen pensar que los males de la intervención empezaron con el New Deal. En realidad, las semillas se sembraron muchísimo antes. Estaban en la Ley de Comercio Interestatal, la Ley Antitrust de Sherman y la ley que creaba el Departamento de Trabajo para ayudar a un grupo favorecido político, la Enmienda del Impuesto de la Renta y la Ley de la Reserva Federal y muchas otras de los días anteriores al New Deal. Estas leyes anteriores dieron el fruto que llevó a la depresión que empezó en 1929.

Cada una de estas leyes tempranas fue una intervención pública que interferido y dificultó el funcionamiento de los mercados libres. Cada una concedía privilegios a un grupo a costa de todos los demás. Todas fueron una carga sobre los consumidores el bienestar General. Todas crearon intereses que ahora se resisten a la eliminación de estos privilegios. Fueron las originales “incursiones despóticas sobre los derechos de propiedad (…) que parecen económicamente insuficientes e insostenibles”. Las leyes del New Deal son solo las “más incursiones contra el viejo orden social (…) inevitables como medio para revolucionar completamente el modo de producción”.

En realidad, si nos paramos a pensarlo, es ridículo que el gobierno conceda contraprivilegios a un grupo para compensar los mismos privilegios que ha concedido a otros grupos. Todos esos privilegios son una obstrucción adicional a la producción y tienden a reducir las satisfacciones obtenidas por la participación en el mercado.

El mejor ejemplo es probablemente la situación de monopolio. Primero, el gobierno concede privilegios de monopolio a ciertas empresas o sectores nacionales. Luego estas empresas o sectores utilizan estos privilegios para llenarse los bolsillos a costa de los consumidores. ¿No es entonces ridículo señalar los resultados y reclamar que se conceda a los grupos perjudicados monopolios de compensación por los que puedan recuperar sus pérdidas? La solución lógica es eliminar los privilegios originales que causaron el problema en primer lugar.

La misma solución es aplicable a la situación trabajo-gestión. La causa de los actuales males económicos en las relaciones trabajo-gestión es la maza que han creado las leyes federales para los sindicatos, con la cual pueden atacar a los empresarios establecidos con capital en forma de instalaciones fijas de producción. Esos empresarios deben someterse continuamente a los sindicatos o perder todo el valor de su reputación establecida y capital invertido. No son libres para emplear a trabajadores desempleados o peor pagados que podrían estar encantados de trabajar para ellos.

A los sindicatos se les debería quitar esta maza, ya que a la mayoría de los empresarios se les ha quitado los privilegios que habían obtenido legalmente durante la parte final del siglo pasado. Conceder privilegios a los sindicatos no es mejor ni peor que conceder privilegios a empresarios o grupos de empresarios. Una sociedad de libre mercado requiere que el gobierno sea neutral, hasta donde pueda serlo, y rechace conceder privilegios especiales no merecidos a ningún grupo, porque, al final, todos esos privilegios deben ser pagados con el sudor de todos los que trabajan y producen la riqueza que los consumidores buscan en el mercado.

La sociedad perfecta de libre mercado probablemente sea inalcanzable por hombres falibles. Sin embargo, debería ser siempre el objetivo de todos los hombres morales e inteligentes y particularmente de aquellos economistas que tratan de educar e influir en sus conciudadanos. Como ha demostrado tan capazmente Mises en todos sus escritos, “No hay otro medio para el hombre común de alcanzar el pleno empleo y aumentar los salarios reales y un nivel alto de vida que la iniciativa privada y la libre empresa” (Planning for Freedom, p. 17).

Toda medida propuesta debería sopesarse para ver si hacer avanzar o no a la economía hacia la “iniciativa privada y la libre empresa”. La creciente intervención pública tiende a dirigir la economía alejándola de una sociedad de libre mercado.

Muchos califican a nuestra economía como una economía mixta. En realidad es, en términos de Mises, una “economía de mercado intervenida”. Está constantemente en movimiento, como debe estar toda economía. Se debe mover o hacia la libertad o hacia el estatismo. Cuanto mejor sea la comprensión económica de nuestros líderes y nuestro pueblo, más probable es que las actuales medidas antieconómicas sean derogadas y que la tendencia sea hacia aumentar los salarios reales y unos patrones de vida constantemente superiores para todos los participantes en la economía de mercado. Por tanto, los economistas deberían oponerse a toda medida propuesta que se mueva en la dirección contraria. Mientras la opinión popular estadounidense apruebe las empresas sindicalizadas y las actividades sindicales actuales vamos a tenerlas, pero tendremos que pagar el precio en términos de producción más baja y menores niveles de vida de los que proporcionaría una economía libre.

Todos quieren libertad, pero probablemente ningún grupo la quiera más que los empresarios como grupo. Por desgracia, demasiados empresarios han buscado privilegios especiales en el pasado. En realidad, fueron indudablemente algunos de los primeros privilegios concedidos por el gobierno a algunos empresarios los que produjeron la demanda de la intervención del New Deal y el Fair Deal. La mayoría de dichas intervenciones fueron planeadas para ayudar a “los trabajadores” y los demás grandes grupos que había sufrido cuando los empresarios estaban por encima y obtenían una intervención favorable para sus intereses.

Mientras los grupos políticos puedan conceder privilegios económicos, siempre habrá intentos de comprar sus votos de una manera u otra. El problema político es limitar el gobierno de tal manera que los políticos no puedan conceder privilegios económicos a ningún grupo. Debemos eliminar las tentaciones para los hombres avariciosos que tratan de ganar su riqueza a costa de otros en lugar de a través de los principios económicos de la cooperación social voluntaria.

El objetivo de la gente libre debería ser siempre un gobierno que proporcione igual protección a todos y favores a ninguno. A los hombres solos, o en grupos, se les debería permitir elegir sus socios y eso incluye el derecho a elegir a aquellos con quienes se asocian en su empleo. El derecho a firmar contratos, un hombre con otro o con un grupo, debería ser ilimitado mientras otros hombres tengan un derecho similar. Empresarios y empleados deberían ser libres de firmar contratos de empleo mutuamente satisfactorios de empresas cerradas, empresas sindicalizadas, empresas abiertas o empresas antisindicales. La única limitación debería ser que se firmen voluntariamente.

Lo importante es trabajar por principios básicos mediante los cuales las personas pacíficas pueden buscar su satisfacción personal a través de la cooperación propia de un mercado libre. El lugar del gobierno en el mercado es el de un policía que arresta a merodeadores, no el de un político que otorga favores.

Si el país se inunda con leyes de “derecho al trabajo” solo servirá para retardar durante un tiempo los males ahora propios de las leyes laborales federales. Esas leyes estatales tal vez apacigüen por un tiempo los miedos que tiene mucha gente con respecto a las consecuencias lamentables que ahora experimentamos como resultado de las actividades sindicales. En realidad, sería al tiempo una mejor economía y más conveniente dejar que las leyes actuales se lleven a su límite, de modo que la gente pueda aprender rápido lo muy malas que realmente son.

El autor odia tener que admitir que, como “experto” del Comité de la Cámara sobre Educación y Trabajo, fue uno de los pocos que ayudaron a escribir el primer borrador de la propuesta de ley Hartley. Esta fue la propuesta que fue posteriormente enmendada y aprobada como Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1947, conocida más popularmente como la Ley Taft-Hartley. Se apresura a añadir que dimitió de este comité antes de que pasara la propuesta con una readcción distinta a la Cámara de Representantes. Ha aprendido a través de su experiencia personal que no merece la pena comprometer los principios morales ni económicos por ventajas ilusorias a corto plazo. Su experiencia política de 1947, como se relata a continuación, corrobora su creencia de que incluso los políticos, a los que les preocupa ganar las próximas elecciones, harían bien en defender coherentemente las ideas de la libertad y no buscar favores ni para empresarios ni para empleados.

Después de la victoria republicana en el congreso en 1946, el difunto senador Robert A. Taft, de Ohio, llamó al autor a su oficina para discutir la posición general en el Comité Laboral del Senado que estaba entonces a punto de considerar lo que se convertiría en la Ley Taft-Hartley. El autor quería tanta libertad en la ley como pudiera aprobar el Congreso y estaba dispuesto a hacer el sacrificio financiero que implicaba, si podía avanzar hacia ese objetivo. Pero el senador explicó su filosofía y dijo que quería cambiar la ley solo en la medida en que pudiera ser aprobada eludiendo el veto del entonces presidente, el demócrata Harry Truman. El senador creía con sinceridad que con una victoria republicana en la presidencia y el Congreso en 1948 la ley podría cambiarse posteriormente en la manera que realmente deseaba.

En ese momento, 1947, el país estaba completamente indignado en contra de los abusos sindicales practicados bajo la protección de la Ley Wagner. La nación estaba lista para un cambio de sus leyes laborales básicas, pero solo había unas muy pocas personas que entendieran los cambios concretos que se necesitaban para proteger la iniciativa privada y la libre empresa. El senador proponía que la ley se mejorara hacia la libertad solo hasta el punto en el que dos tercios del Congreso la aprobarían eludiendo el veto presidencial. El senador y otros pensaban que ese movimiento tan apropiado mejoraría la situación inmediata y ayudaría a elegir un ticket republicano en las posteriores elecciones nacionales.

El autor se opuso a este pensamiento sobre la base de que sería mejor no tener ninguna ley nueva en ese momento. Su punto de vista era que un veto con éxito de una ley mejor generaría una creciente presión pública para la abolición de la Ley Wagner y la elección del partido que apoyara ese movimiento. El senador no estaba dispuesto a ir tan lejos. Creía que su política era políticamente más realista. El punto de vista del autor era que, si el plan del senador tuviera éxito, el público se convencería de que los evidentes problemas económicos derivados de la actividad sindical habían sido arreglados y la siguiente marea de opinión pública bien podría ir en la dirección contraria. El senador puso reparos y por eso el autor aceptó el empleo en el comité de la Cámara, en lugar de en el del Senado.

El difunto gran senador de Ohio tenía su idea y redactó con habilidad una medida mejoradora que se aprobó pasando el veto presidencial. Sin embargo, a juicio del autor, la libertad y el Partido Republicano perdieron. Los republicanos no consiguieran llevar a cabo su lucha por abolir las secciones todavía repulsivas de nuestras leyes laborales federales y la opinión pública, que en un momento parecía en contra de la intervención pública en las relaciones trabajo-gestión, aparentemente ha girado en la dirección opuesta. De hecho, las enmiendas más recientemente propuestas por el liderazgo republicano han ido en la dirección deseada por los líderes sindicales. En palabras de sus patrocinadores, son una “tercera vía” en los principios.

De alguna manera, la misma situación se produce en las llamadas leyes del derecho al trabajo. Si se aprueban en una gran cantidad de estados, aliviarán temporalmente los actuales males antieconómicos que existen en las leyes laborales federales. Esto aliviará el miedo entre aquellas personas que ven y entienden los lamentables resultados que derivan de las actuales actividades sindicales. La minoría de los sindicatos organizados puede entonces organizar más fácilmente sus fuerzas para cabildear con éxito a favor una ley federal que prohibiría de un plumazo todas las llamadas leyes el derecho al trabajo de los diversos estados.

De vez en cuando, el autor ha seguido con interés las acciones de John L. Lewis, presidente del sindicato de mineros. Este líder sindical ha seguido, más coherentemente que cualquier otro líder sindical, la política de conseguir a sus miembros todos los privilegios que les permite la ley. Ha obtenido altos salarios para unos pocos mineros, al tiempo que reducía enormemente el número de empleos en la minería del carbón. Hombres jóvenes, que podrían haberse convencido de mineros, han sido expulsados y deben competir por trabajos peor pagados, empujando a dichos salarios todavía más abajo o permaneciendo desempleados.

Esto es usar las leyes en toda su extensión. También ilustra lo económicamente bobos que son. Unos pocos privilegiados ganan a expensas de toda la comunidad y la producción se desvía a otras líneas cuyos productos no son los que más quieren los consumidores.

No puede acusarse a los líderes laborales ni a sus miembros de usar privilegios que la gente les ha concedido por ley. Solo ha sido la demora prudente de la mayoría de los sindicatos lo que ha permitido que sus movimientos marxistas sean tan generalmente aceptados. Pocas personas entienden las mentiras subyacentes en las que se basan. La educación económica debe ser rescatada de la arena política. La carga colocada sobre los economistas que no dependen de las nóminas políticas o públicas es grande y tienen un deber público de hablar en contra de todos los que expandirían los controles políticos a costa de un pueblo libre apoyado por los productos un mercado libre.

No podemos acusar a aquellos que aprovechan las actuales leyes antieconómicas. Estas leyes son malas. La culpa debe recaer sobre aquellos que las aprobaron y permitieron que continuaran en los códigos legales. En realidad, si los sindicatos hubieran sido más moderados a la hora de impulsar sus privilegios legales hasta su conclusión definitiva y lógica, bien podrían haber perdido sus privilegios para entrometerse en la voluntad del libre mercado. Es por el mismo proceso de pasos lentos, cada uno escasamente advertido, por lo que los sindicatos han sido capaces de convencer a millones de inocentes de que las ganancias antieconómicas de los legalmente privilegiados son “ganancias sociales” para todos.

El público estadounidense, así como al público mundial, debe estar alerta ante los peligros que derivan de la intervención económica del gobierno. Mediante un proceso de gradualismo, unos pocos privilegiados políticamente pueden reducir nuestra economía a esta política marxista de “incursiones despóticas sobre los derechos de propiedad”. Si el New Deal y el Fair Deal se hubieran aplicado del todo podrían haber hecho que la gente recuperara su sentido mucho más rápido que mediante nuestro continuo compromiso de la tercera vía con los principios morales y económicos.

Las llamadas leyes de derecho al trabajo son precisamente eso, una propuesta de compromiso de tercera vía con los principios del libre mercado para fines convenientes, con la esperanza acechando en el fondo de las mentes de los que la defienden de que algún día todo se arreglará sin que empresarios o consumidores hayan tenido que enfrentarse nunca al problema del precio de cumplirlos. Olvidan que las leyes de la economía son leyes inexorables de causa y efecto y que las acciones insensatas nunca producirán resultados deseables.

Si los hombres quieren disfrutar de niveles de vida cada vez mayores, deben actuar inteligentemente y oponerse a todas las leyes artificiales que limiten la aplicación de dicha inteligencia a los asuntos económicos. Toda intervención pública es una interferencia con las acciones que concederían mayores satisfacciones a los consumidores. La única manera de aumentar las satisfacciones humanas es eliminar todos esos frenos sobre la felicidad humana y no colocar otros nuevos en los códigos legales, tanto de los gobiernos estatales como de los federales.

Una propuesta legislativa debería sopesarse en las balanzas de la comprensión económica. ¿Inclina la balanza hacia una economía libre o hacia una dictadura socialista, con los políticos controlando los medios de producción? Las llamadas leyes del derecho al trabajo son definitivamente un paso en dirección al socialismo. Limitan el derecho de los hombres libres a negociar contratos para fines moralmente aceptables y tratan de sustituir las decisiones que los consumidores gustan de expresar en el mercado por las decisiones de los políticos.


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