La tragedia de los comunes en el sistema estadounidense de prisiones

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prison.PNGEn un artículo anterior, escribía acerca de cómo la guerra contra las drogas y el monopolio público sobre el sistema legal ha creado la Tragedia de los Comunes en nuestro sistema de justicia. Como legisladores y policías tienen todos los incentivos para parecer “duros contra el delito” pero está socializado el coste de enviar a un criminal a un tribunal, estos cada vez tienen más trabajo pendiente- De lo que no se ocupaba el artículo eran del “problema de los comunes” asociado con respecto al sistema de prisiones y las consecuencias adicionales.

La Tragedia de los Comunes en el sistema de prisiones

Allá donde legisladores y policía tienen incentivos creados para enviar a tantas personas como sea posible a los tribunales, hay un incentivo similar para jueces y fiscales para enviar a los acusados al sistema de prisiones. Como todos los jueces y fiscales comparten acceso común al espacio penal sin ningún coste individual por utilizarlo, no hay ningún incentivo para la limitación en la sentencia propuesta por el fiscal individual o impuesta por el juez individual.

Sin embargo en esas profesiones existe el incentivo para ganar casos y parecer “duros con el delito”, respectivamente. “El efecto”, como nos dicen Bruce Benson y David Rasmussen, “es que fiscales y jueces como grupo llenan las prisiones de acceso común igual que los ganaderos llenan los territorios de pastos de acceso común”.[1]

Los legisladores, repito, también tiene un incentivo para llenar las prisiones comunes. Para poderse calificar como “guerreros contra la droga” están incentivados para aprobar leyes con sentencias mínimas obligatorias, que a menudo son más severas a nivel estatal que federal. En este caso, las prisiones están llenas de un tipo concreto de criminal: los consumidores de drogas. Como los recursos son escasos, mínimos obligatorios contra los delitos relacionados con drogas significan que consumidores y vendedores de drogas están cada vez más compitiendo por espacio con asesinos, violadores y ladrones: delincuentes a los que no se les imponen sentencias mínimas obligatorias.

Casi el 50% de los reclusos están relacionados con las drogas, según la Oficina Federal de Prisiones. Según un informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno, se estima que el sistema estadounidense de prisiones estará en un 45% por encima de su capacidad en 2018, a pesar de inaugurar cinco nuevas prisiones en los últimos 10 años. Por supuesto, aunque reconocen que lo delincuentes no violentos son la razón de la superpoblación de las prisiones, la solución para estos funcionarios es seguir construyendo más prisiones.

Las consecuencias de las prisiones abarrotadas

Debido a las sentencias mínimas obligatorias para los delincuentes relacionados con las drogas, las soluciones para las prisiones abarrotadas tienden a favorecer a los criminales violentos frente a los no violentos. Esto se produce en primer lugar en los tribunales, donde el juez ya no es capaz de usar la discreción en un caso concreto que pueda requerirla, es decir, en una sentencia sobre drogas. Cuando a un juez le pueda parecer apropiado ofrecer prisión condicional, en lugar de una estancia en prisión, a un delincuente relacionado con drogas, los mínimos legales obligatorios le obligan a una sentencia de prisión. Pero como el espacio en prisión sigue estando limitado, la alternativa de prisión condicional a la cárcel sencillamente se traslada a los criminales violentos.

Los resultados son que los delincuentes que no van a prisión tras una condena (los que están en libertad condicional) tienen más sentencias penales previas, mayores tasas de reincidencia, es menos probable que tengan empleo en el plazo de arresto y es más probable que tengan un historial de delitos violentos que los criminales que están realmente en prisión. En otras palabras, la guerra contra las drogas está en la práctica devolviendo a los criminales violentos a las calles para dedicar recursos a los delincuentes no violentos que a menudo tienen empleos productivos antes de ser encerrados.[2]

La libertad condicional no es la única manera en que el abarrotamiento de las prisiones beneficia a los delincuentes violentos. La “remisión de condena” es el proceso por el que los prisioneros salen antes de prisión  y este beneficia tanto a criminales violentos como no violentos. Sin embargo, tiene una consecuencia doble.

Para los criminales violentos, la remisión de condena es similar a la libertad condicional en el sentido de que les lleva de nuevo a la calle más rápidamente. Aunque el porcentaje medio de una sentencia cumplida fluctúa constantemente, tiende a rondar el 50% (aunque ha estado aumentando recientemente y son difíciles de encontrar datos sólidos recientes sobre ello, ya que no es el tipo de información que quieren divulgar los gobiernos).

¿Recordáis a Brock Turner? En uno de los raros casos de violación que tuvo realmente múltiples testigos oculares en su contra, se le ofreció una mínima sentencia de seis meses, de los que solo cumplió tres. Se nos dijo que se beneficiaba del “privilegio blanco”. Muestren o no favoritismo racial los tribunales, una explicación más evidente es que sencillamente se benefició de haber sido condenado como violador violento en lugar de cómo consumidor no violento de marihuana en un sistema de prisiones saturado que favorece desvergonzadamente al primero. Adoptando la postura contraria a la de las leyes antidroga, el gobierno ha impuesto sentencias máximas a los violadores.[3]

Los delincuentes relacionados con las drogas también se benefician de la remisión de condena. Para los libertarios, que los delincuentes no violentos estén menos tiempo en la cárcel se considera generalmente como algo bueno. Sin embargo, merece la pena adoptar la aproximación misesiana-utilitaria para analizar por qué esto afecta al objetivo real de la guerra contra las drogas. La idea de ir en contra de los traficantes de drogas es que si hay mayores consecuencias para dicho tráfico, habrá menos gente dispuesta a realizarlo, aumentando así los precios y desincentivando a potenciales consumidores de drogas. Pero cuando los traficantes van a la cárcel sabiendo que probablemente solo estén un 50% o menos del tiempo de su sentencia debido a la sobrepoblación reclusa, entonces se rebaja el factor coste (el riesgo de estar un tiempo concreto en la cárcel). Como las prisiones abarrotadas rebajan la prima de riesgo del tráfico de drogas, la tragedia de los comunes de las prisiones menoscaba en realidad el objetivo de llevar a cabo una guerra contra las drogas, incluso desde una perspectiva estatista.[4]

El asunto de los tribunales y las prisiones saturados se está haciendo cada vez más evidente. Con el problema identificado, las soluciones deberían ser más fáciles de establecer. Una solución potencial es construir más prisiones y abrir más juzgados. Particularmente en el caso de las prisiones, esta ha sido la opción preferida por el gobierno desde los días de la ley seca. Pero esto significa impuestos exponencialmente más altos para desviar recursos del sector productivo de la economía para producir más jueces y guardias penitenciarios, y esto significa ignorar las virtudes evidentemente libertarias de la libertad y la autonomía personal que consideran la práctica de encarcelar a los delincuentes no violentos como injusta de por sí.

La otra opción (y la única que queda realmente como solución pragmática a los problemas indicados en este artículo) es acabar con la guerra contra las drogas y liberar a todos los prisioneros no violentos. Aun con más prisión, más policía y más tribunales, los delincuentes no violentos continuarán desplazando a los delincuentes violentos, beneficiando a los violentos a costa de los no violentos. Ni siquiera desde la perspectiva del más sonado guerrero contra la droga se puede alegar nada a favor de continuar con esta guerra.


El artículo original se encuentra aquí.

[1] David W. Rasmussen y Bruce L. Benson, The Economic Anatomy of a Drug War: Criminal Justice in the Commons (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1994), p. 21.

[2] Ibíd., p. 170.

[3] La sanción máxima para una violación que no afecte a un niño es de diez años, la misma que el mínimo obligatorio para algunos delitos relacionados con drogas. Abusive Sexual Contact, 18 U.S. Code § 2244.

[4] Rasmussen y Benson, The Economic Anatomy of a Drug War, p. 76.

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