Privatizar la policía

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[Extraído de los capítulos 11 y 12 de Por una nueva libertad]

La abolición del sector público significa, por supuesto, de todos los terrenos, todas las áreas de suelo, incluyendo calles y carreteras, serían propiedad privada, de personas, empresas, cooperativas o cualquier otra agrupación voluntaria de individuos y capital. El hecho de que todas las calles y terrenos serían privados resolvería por sí mismo muchos de los problemas aparentemente de los comunes del funcionamiento privado. Lo que tenemos que hacer es reorientar nuestro pensamiento para considerar un mundo en el que todas las áreas territoriales sean de propiedad privada.

Tomemos, por ejemplo, la protección policial. ¿Cómo podría conseguirse protección policial en una economía totalmente privada?

Parte de la respuesta se hace evidente si consideramos un mundo de tierras completamente privadas y propiedad de las calles. Consideremos la zona de Times Square de la ciudad de Nueva York, una zona famosa por su delincuencia en la que hay poca protección policial por parte de las autoridades de la ciudad. Todo neoyorquino en realidad sabe que vive y pasea por las calles, y no sólo en Times Square, prácticamente en un estado de “anarquía”, dependiendo solamente de la tranquilidad y buena voluntad normales de sus conciudadanos. La protección policial en Nueva York es mínima, un hecho que se revelaba dramáticamente en una reciente huelga policial de una semana, en la que, ¡fijaos!, el delito no aumentó en modo alguno sobre su estado normal cuando la policía está supuestamente alerta y a su trabajo.

En todo caso, supongamos que la zona de Times Square, incluyendo las calles, fuera de propiedad privada, digamos de la “Asociación de Comerciantes de Times Square”. Los comerciantes sabrían muy bien, por supuesto, que si el delito no estuviera controlado en su zona, si abundasen atracos y asaltos, sus clientes desaparecerían y acudirían a zonas y vecindarios de la competencia. Por tanto, a la asociación de comerciantes le interesaría económicamente proporcionar protección policial eficiente y abundante, de forma que los clientes se verían atraídos, en lugar de repelidos, por su barrio. Las empresas privadas, después de todo, siempre tratan de atraer y mantener a sus clientes.

¿Pero qué bienes se venderían con escaparates y envoltorios atractivos, iluminación agradable y servicio atento, si los clientes pueden ser robados o atracados si pasean por la zona?

La asociación de comerciantes, además, se vería inducida, por su ánimo de lucro y para evitar pérdidas, a proporcionar no solo suficiente protección policial, sino también una protección cortés y agradable. La policía pública no solo no tiene ningún incentivo para ser eficiente o preocuparse por las necesidades de los “clientes”; también vive con la tentación siempre presente de ejercer su fuerza de una manera brutal y coactiva.

La “brutalidad policial” es una característica conocida del sistema policial y se mantiene bajo control solo por quejas remotas de la ciudadanía acosada. Pero si la policía privada de los comerciantes cayera en la tentación de actuar brutalmente contra los clientes de dichos comerciantes, estos desaparecerían rápidamente y se irían a otro lugar. Por tanto, la asociación de comerciantes vigilará que su policía sea cortés además de abundante. Esa protección policial eficiente y de alta calidad prevalecería en toda la zona, en todas las calles y terrenos privados.

Las fábricas guardarían sus cuadras, los comerciantes sus calles y las empresas de carreteras proporcionarían protección policial segura y eficaz para sus vías de peaje de otras carreteras de propiedad privada. Lo mismo pasaría con los barrios residenciales.

Podemos prever dos tipos posibles de propiedad privada de calles en esos barrios. En un tipo, los propietarios de cierta cuadra podría ser los propietarios conjuntos de dicha cuadra, supongamos como la “Empresa de la Cuadra de la Calle 85”. Esta empresa proporcionaría entonces protección policial, siendo pagados los costes, o directamente por los dueños de viviendas, o mediante la renta de los arrendatarios si la calle incluye apartamentos de este tipo. Repito, los dueños de viviendas, por supuesto, tienen un interés directo en ver que sus bloques son seguros, mientras que otros dueños tratarán de atraer arrendadores proporcionando calles seguras además de los servicios más usuales como calefacción, agua y alcantarillado.

Preguntar por qué los terratenientes deberían proporcionar calles seguras en la sociedad libertaria y completamente privada es tan tonto como preguntar ahora por qué deberían proporcionar a sus arrendatarios calefacción o agua caliente. La fuerza de la competencia y de la demanda del consumidor les haría suministrar dichos servicios. Además, ya estemos considerando a propietarios de viviendas o alquileres de las mismas, en ambos casos el valor capital del terreno y la vivienda estarían en función de la seguridad de la calle, así como de otras características conocidas de la casa y del barrio.

Calles seguras y patrulladas aumentarían el valor de los terrenos y las viviendas de los propietarios, de la misma manera que lo hacen las casas bien cuidadas; las calles llenas de criminales rebajarían el valor de los terrenos y las viviendas tan seguramente como lo hacen las casas dilapidadas. Como los propietarios siempre prefieren valores de mercado más altos a más bajos para sus propiedades, hay un incentivo para proporcionar calles eficientes, bien pavimentadas y seguras.

La empresa privada sí existe y por tanto la mayoría de la gente puede ver un mercado libre de la mayoría de los bienes y servicios. Sin embargo, probablemente el área más difícil de entender sea la abolición de las operaciones del gobierno en el servicio de protección: policía, tribunales, etc. (El área que abarca la defensa de personas y propiedades contra ataques o invasiones).

¿Cómo podrían la empresa privada y el mercado libre proporcionar ese servicio? ¿Cómo podrían la policía, los sistemas legales, los servicios judiciales, la aplicación de la ley, las prisiones, como podrían proporcionarse estos en un mercado libre?

Ya hemos visto que, como mínimo, una buena parte de la protección policial podría ser suministrada por los diversos dueños de calles y terrenos. Pero ahora tenemos que examinar sistemáticamente toda esta área. En primer lugar, hay una mentira común, sostenida incluso por la mayoría de los defensores del laissez faire, de que el gobierno debe proporcionar “protección policial”, como si esta fuera una entidad única y absoluta, una cantidad fija de algo que el gobierno suministra a todos. Pero un hecho real es que no existe ningún producto absoluto llamado “protección policial”, igual que no hay un producto absoluto llamado “comida” o “alojamiento”.

Es verdad que todos pagan impuestos por una cantidad aparentemente fija de protección, pero esto es un mito. La realidad es que hay casi infinitos grados de todo tipo de protección. Para cualquier persona o empresa concreta, la policía puede proporcionar desde un policía patrullando una noche, a dos policías patrullando constantemente cada cuadra, a coches patrulla patrullando, a uno e incluso varios guardaespaldas personales durante todo el día.

Además, hay muchas otras decisiones que debe tomar la policía, cuya complejidad se hace evidente tan pronto como miramos detrás de la cortina del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo asignará la policía sus fondos, que son, por supuesto, siempre limitados, igual que los fondos de otras personas, organizaciones y agencias? ¿Cuánto invertirá la policía en equipamiento electrónico? ¿En equipamiento de huellas dactilares? ¿En detectives frente a policía uniformada? ¿En coches patrulla frente a policía a pie?

Lo que pasa es que el gobierno no tiene forma racional para realizar estas asignaciones. El gobierno sólo sabe que tiene un presupuesto limitado y. Sus asignaciones de fondos están por tanto sometidas al juego completo de política, derroche que ineficiencia burocrática, sin ninguna indicación en absoluto con respecto a si el departamento de policía está atendiendo a los consumidores de forma que responda a sus deseos o a si lo está haciendo eficientemente. La situación sería distinta si los servicios policiales se ofertaran un mercado libre y competitivo. En ese caso, los consumidores pagarían por el grado de protección que desearan adquirir.

Los consumidores que sólo quieran ver un policía de vez en cuando pagarían menos que los que quieran patrullas continuas ni mucho menos que quienes reclamen veinticuatro horas de servicio de guardaespaldas. En el mercado libre, la protección se suministraría en proporción y en la forma en que los consumidores quieran pagarla. Se aseguraría una búsqueda de eficiencia, como siempre en el mercado, como la obligación de obtener beneficios y evitar pérdidas y por tanto de mantener bajos los costes y atender las demandas mayores de los consumidores. Cualquier empresa de policía que sufriera una gran ineficiencia pronto iría a la quiebra y desaparecería.

Un gran problema que siempre debe afrontar una policía pública es: ¿qué leyes hay que aplicar realmente? Los departamentos de policía afrontan teóricamente la orden absoluta de “aplicar todas las leyes”, pero en la práctica un presupuesto limitado les obliga a asignar a su personal y equipos a los delitos más urgentes. Pero la obligación absoluta les persigue y actúa contra una asignación racional de recursos. En el mercado libre, lo que se aplicaría sería lo que los consumidores estuvieran dispuestos a pagar.

Supongamos, por ejemplo, que Mr. Jones tiene una piedra preciosa que cree que le podrían robar pronto. Puede pedir y pagar protección policial continua con la fuerza que quiera ejercer con la empresa policial. Podría, por otro lado, tener también un camino privado en su propiedad por el que no quiera que pase mucha gente, pero podría no importarle mucho la gente que usara ese camino. En ese caso, no dedicaría ningún recurso policial para proteger el camino. Como pasa con el mercado en general, depende del consumidor y, como todos somos consumidores, esto significa que cada persona individualmente decide cuánta protección y de qué tipo quiere y está dispuesta a comprar. Todo lo que hemos dicho acerca de la policía de los propietarios de terrenos es aplicable la policía privada en general.

La policía de libre mercado no solo sería eficiente, sino que tendría fuertes incentivos para ser amable y evitar la brutalidad, ya sea para sus clientes o para los amigos o clientes de sus clientes. Un Central Park privado estaría vigilado eficientemente para maximizar los ingresos del parque, en lugar de tener un toque de queda de prohibición impuesto a clientes inocentes (y que pagan). Un mercado libre en la policía recompensaría a la policía eficiente y amable con los clientes y penalizaría cualquier rebaja de este estándar. Ya no habrían las disyuntivas actuales entre servicio y pago en todas las operaciones públicas, una disyuntiva que significa que la policía, como todas las demás instituciones públicas, adquiere sus ingresos, no voluntaria y competitivamente de los clientes, sino coactivamente de los contribuyentes. De hecho, a medida que la policía pública se ha hecho cada vez más ineficiente, los consumidores han acudido cada vez más a formas privadas de protección. Ya hemos mencionado la protección en cuadras o barrios.

También hay guardias privados, empresas de seguro, detectives privados y equipos cada vez más complejos como cajas fuertes, candados y circuitos cerrados de televisión y alarmas antirrobo. La comisión de aplicación legal y administración de justicia de la Presidencia estimaba en 1969 que la policía pública costaba al pueblo estadounidense 2.800 millones de dólares al año, mientras gastaba 1.350 millones de dólares en servicios de protección privada y otros 200 millones en equipos, así que los gastos de protección privada equivalían a más de la mitad de los desembolsos en policía pública. Estas cifras deberían hacer reflexionar a aquella gente crédula que cree que la protección policial, de alguna manera, por algún derecho o poder místico, es necesaria y eternamente un atributo de la soberanía del estado.


Publicado originalmente el 11 de julio de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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