Comentarios de Hoppe sobre James Buchanan y Gordon Tullock

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Desde Locke, los liberales han intentado resolver su contradicción interna improvisando constituciones, contratos o acuerdos «tácitos», «implícitos» o «de concepto». Pero estos intentos, característicamente tortuosos y confusos, tan sólo han contribuido a una misma y única conclusión inevitable: la imposibilidad de justificar el gobierno a partir de contratos explícitos entre propietarios particulares.

Sobre la visión lockeana del «consentimiento» véanse sus Dos ensayos sobre el Gobierno civil, libro Il, § 119-21. Reconociendo que el gobierno no está basado en el consentimiento «expreso», señala que «la dificultad estriba en qué es lo que se considera un consentimiento tácito y hasta dónde llega el compromiso que se adquiere de esta manera, en el caso de que no lo haya expresado. Respecto a esto, sostengo que cualquier hombre que tenga alguna posesión o usufructo de alguna parte de los dominios de cualquier gobierno, da por ello su consentimiento tácito y está obligado a la obediencia de las leyes de ese gobierno como uno más, mientras dure el disfrute de esa propiedad. Y esto es así, tanto si se trata de una propiedad suya para siempre y para sus herederos, o si sólo está en ella por una semana, o si se trata de alguien que está viajando libremente por los caminos: y, en efecto, eso afecta a cualquiera que se encuentre dentro de los territorios de ese gobierno». Locke, op. cit., p. 290.

En efecto, según Locke, una vez que el gobierno se ha constituido, su existencia es aceptada «tácitamente» por los ciudadanos desde el momento en que estos siguen viviendo en «su» territorio. Resulta indiferente, por tanto, si expresaron con antelación que aceptaban su imperio o no, y cual ha sido el proceder subsecuente del gobierno. Todo gobierno tiene, pues, el consentimiento unánime de quienes habitan en su jurisdicción y sólo la emigración —la «salida»— cuenta como un «no» y una retractación del consentimiento según Locke (§ 121).

Una tentativa moderna en esta misma línea, menos convincente (si no más absurda), puede verse en James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del consenso. También James M, Buchanan, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago, University of Chicago Press, 1975 [trad. española: Los límites de la libertad: entre la Anarquía y el Leviatán. México, Premiá, 1981]. Igual que Locke, Buchanan y Tullock reconocen que ningún gobierno, en ningún lugar del mundo, está fundado en un consentimiento expreso o en algún tipo de contrato explícito. Pero no tiene importancia, nos aseguran, pues no por ello dejan los gobiernos de estar basados en el consentimiento unánime. Incluso si existen desacuerdos y personas que dicen «no» al gobierno, este detalle no podría ocultar que existe un acuerdo basal y más profundo, un consenso unánimemente compartido en el plano de la «elección constitucional» y de las decisiones verdaderamente sustantivas. Sin embargo, este acuerdo subyacente sobre las «reglas de juego», nos dicen Buchanan y Tullock, no es un acuerdo actual —de hecho, ninguna constitución ha sido nunca expresamente aceptada por todas y cada una de las personas concernidas—. Más bien, se trata de lo que ellos denominan un acuerdo «de concepto» y una unanimidad «de concepto».

Al convertir un «no» real en un «sí» conceptual, Buchanan y Tullock definen al Estado como una institución voluntaria, comparable a las empresas comerciales privadas: «tanto el mercado como el Estado son mecanismos a través de los cuales la cooperación se organiza y se hace posible. Los hombres cooperan a través del intercambio de bienes y servicios en mercados organizados, y tal cooperación implica beneficios recíprocos. El individuo entra en una relación de intercambio, en la cual él persigue su propio interés proporcionando algún producto o servicio que constituye un beneficio directo para el individuo que se encuentra al otro lado de la transacción. Básicamente, la acción política o colectiva desde el punto de vista individualista del Estado es bastante semejante. Dos o más individuos encuentran mutuamente ventajoso unir sus fuerzas para lograr ciertos objetivos comunes. En realidad, ellos “intercambian” inputs con la seguridad de un output comúnmente compartido». J.M. Buchanan y G. Tullock, El cálculo del consenso, p. 44.

Del mismo modo, Buchanan pretende haber descubierto una justificación para el status quo, cualquiera que este sea. «Las instituciones del status quo» siempre expresan la «existencia de un contrato social implícito», «aunque nunca hubiese habido un contrato original, aunque los miembros actuales de la comunidad no se sintiesen ni moral ni éticamente obligados a adherirse a los términos en que está definido el status quo, o aunque semejante contrato … hubiese sido violado muchas veces … El status quo define lo que está vigente. Por tanto, con independencia de su historia, hay que considerarlo como si estuviese legitimado contractualmente». J.M. Buchanan, The Limits of Liberty, pp. 96, 84-85.

Afortunadamente, a pesar de la implacable propaganda difundida por los profesores de las escuelas creadas y controladas por el gobierno —del tipo «democracia significa autogobierno»— y por reconocidos intelectuales premiados con el Nobel como James Buchanan y su Escuela de la «elección pública» —«los gobiernos son, como las empresas, instituciones voluntarias» (véase James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del consenso. Trad. Javier Salinas Sánchez. Barcelona, Planeta-De Agostini, 1993, p. 44)—, la Academia y el público conservan todavía el sentido común y no se dejan llevar por esta crítica.

Extraído de “Democracia, el dios que fracasó”

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