Orden natural, Estado y el problema de la inmigración

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I

La cooperación humana es el resultado de tres factores: las diferencias entre los hombres y/o la distribución geográfica de los factores de producción proporcionados por la naturaleza; la mayor productividad alcanzada bajo una división del trabajo basada en el reconocimiento mutuo de la propiedad privada (el control exclusivo de cada persona sobre su propio cuerpo y sus apropiaciones y posesiones físicas) en comparación a, bien sea el aislamiento auto-suficiente o a, la agresión, el saqueo y la dominación; y la capacidad humana de reconocer este último hecho. Si no fuera por la mayor productividad a consecuencia de la división del trabajo y la capacidad humana de reconocer este hecho, nos explica Ludwig von Mises,
los hombres perdurarían como enemigos mortales unos de otros, rivales irreconciliables en su esfuerzo por asegurarse una porción de las fuentes escasas de medios de sustento proporcionados por la naturaleza. Toda persona, forzosamente, vería a los demás como a sus enemigos; su anhelo por la satisfacción de sus propios apetitos lo llevaría a un conflicto implacable con sus vecinos. Bajo tales circunstancias no sería posible desarrollar sentimientos de piedad o compasión.[1]

La mayor productividad que se alcanza con la división del trabajo, y la capacidad del hombre de reconocer este hecho, explican el origen de las dos más elementales y fundamentales instituciones humanas: la familia y el hogar familiar.[2] En segundo lugar, explican la existencia de vecindarios (comunidades) de gente homogénea (familias, clanes, tribus): de vecindarios bajo la forma de propiedades adyacentes poseídas por propietarios diferentes y de “igual” nivel, y de la forma de relación “desigual” característica entre padre e hijo, entre propietario y arrendatario, o entre el fundador de una comunidad y sus seguidores residentes.[3] El tercero, y el más importante para nuestros propósitos, explica la posibilidad de la coexistencia pacífica en comunidades heterogéneas y foráneas. Aún cuando los miembros de diferentes comunidades se encuentren dispares entre sí, en lo físico y/o en el comportamiento, irritantes o molestos, y no deseen asociarse como vecinos, pueden aún enfrascarse en un comercio de mutuo beneficio si residen espacialmente separados uno de otro.[4]

Ampliemos este cuadro e imaginemos la existencia de diversas razas, etnias, idiomas, religiones, y culturas (las cuales llamaremos desde ahora y para resumir: etno-culturas). Basados en la idea de que personas “símiles” se asocian con otras similares y viven separadas espacialmente de otras “disímiles”, surge el siguiente cuadro: Los individuos de una etno-cultura tienden a vivir en gran proximidad unos de otros y separados espacialmente, distanciados, de los integrantes de otras etno-culturas.

Los blancos viven entre blancos y aparte de los asiáticos y de los negros. Quienes hablan italiano viven entre italianos y aparte de gentes de habla inglesa. Los cristianos viven entre cristianos y separados de los musulmanes. Los católicos viven entre católicos y aislados de los protestantes, etc. Naturalmente, en varios “territorios fronterizos” algunos “se traslapan” y aparece la “mezcla” de diferentes etno-culturas. Desde luego las ciudades, como centros de comercio interregional, naturalmente exhiben un grado más alto de heterogeneidad etno-cultural.

A pesar de esto, sin embargo, las comunidades y vecindarios son internamente homogéneos (uni-culturales). De hecho, incluso en ciudades y en territorios fronterizos encontramos la misma asociación y separación espacial de “símiles” y “disímiles”. Donde miembros de diversas etno-culturas (según lo propagado por algunos multi-culturalistas americanos), vivan como vecinos y en proximidad física cercana el uno del otro, no surge una sociedad. En vez de eso, el multiculturalismo emergente es aquel en el cual muchas etno-culturas claramente diferentes, coexisten separadas física y espacialmente, distantes unas de otras, y comercian entre sí desde la lejanía.[5]

Demos un paso más y supongamos que toda propiedad es poseída privadamente y que el globo entero tiene propietario. Cada trozo de tierra, cada casa y edificio, cada camino, río, y lago, cada bosque y montaña, y todas las costas están en posesión privada de personas naturales o jurídicas. No existe propiedad “pública” ni “frontera abierta”. Demos una ojeada al problema de la migración bajo este escenario de un “orden natural.”

Primero y muy importante, en un orden natural no existe la “libertad de migración.” La gente no puede moverse por los alrededores como le plazca. Dondequiera que una persona se mueva, se mueve entre propiedad privada; y la propiedad privada implica el derecho del propietario a incluir y también a excluir a otros de su propiedad. Esencialmente, una persona puede moverse solamente si es invitada por el propietario que lo recibe, y el propietario puede revocar su invitación y despedir a sus invitados cuando juzgue que la prolongación de su presencia en la propiedad es indeseable (viola su código de visitas).

Bajo este escenario habrá bastante ajetreo porque hay razones poderosas para dar acceso abierto a la propiedad, pero también hay razones para restringir o cerrar el ingreso. Quienes son más inclusivos son los propietarios de caminos, ferrocarriles, puertos, y aeropuertos, por ejemplo. La circulación interregional es su negocio. Por consiguiente, se puede esperar que sus estándares de admisión sean bajos, no requiriendo típicamente más que el pago de un honorario de usuario. Sin embargo, aún así no tendrían una política de admisión totalmente indiscriminada. Por ejemplo, excluirían a gente intoxicada o ingobernable y expulsarían a todos los delincuentes, mendigos, y vagos de su propiedad, y puede ser que filmen, o de alguna manera vigilen o seleccionen, a sus clientes mientras permanezcan en su propiedad.

La situación es similar para los propietarios de establecimientos comerciales al detal, hoteles, y restaurantes. Están en el negocio de las ventas y los alquileres y por lo tanto permiten el acceso fácil a su propiedad. Tienen toda clase de incentivos económicos para no discriminar injustamente a “desconocidos” o “extranjeros”, porque esto conllevaría pérdidas o reducción de beneficios. Sin embargo, deben ser más circunspectos y restrictivos, en su política de admisión, que los propietarios de carreteras o de aeropuertos. Deben tener en cuenta las repercusiones locales, domésticas, que puede tener la presencia de extranjeros. Se justifica económicamente la discriminación si las ventas locales, domésticas de un establecimiento comercial al detal o de un hotel sufren debido a la política de admisión con relación a los extranjeros. Para superar este posible problema, se puede esperar que los establecimientos comerciales requieran de sus visitantes “extranjeros” una adherencia mínima a los estándares locales de conducta y de aspecto físico.[6]

La situación es similar para los empleadores locales, quienes prefieren más bien pagar salarios bajos que altos y por lo tanto no están predispuestos contra los extranjeros. Sin embargo, deben ser sensibles a las repercusiones que puedan resultar del empleo de extranjeros sobre la mano de obra local; es decir, deben temer la posibilidad de utilizar una fuerza de trabajo etno-cultural heterogénea que conduzca a una productividad más baja. Por otra parte, el empleo requiere alojamiento, y es en el alojamiento y en el mercado inmobiliario residenciales donde tenderá a ser más pronunciada la discriminación contra, y la exclusión de, etno-culturas extranjeras.

Porque es en el área de la propiedad residencial, en contraste con la comercial, donde es más pronunciado el deseo humano de mantener la privacidad, el aislamiento, la protección, sin perturbaciones debidas a intrusiones y acontecimientos externos. Para el propietario el valor de la propiedad residencial, depende esencialmente de su exclusividad casi total. Se admiten miembros de la familia y ocasionalmente amigos. Y si la propiedad residencial está situada en un vecindario, este deseo de posesión imperturbable – paz y privacidad – es óptimo dentro de un nivel alto de homogeneidad etno-cultural (los costos de transacción bajan mientras simultáneamente aumentan los de la protección contra disturbios, intrusiones y perturbaciones externas). Se introduce heterogeneidad al vecindario al alquilar o vender propiedad residencial a desconocidos y extraños (y especialmente a extraños de rincones etno-culturalmente distantes). Los costos asociados a la transacción tienden a aumentar, y tienden a bajar la libertad, la peculiar seguridad de paz y privacidad – sin intrusiones externas, extrañas – buscadas y esperadas de la propiedad residencial, dando por resultado una propiedad residencial de más bajo valor.[7]

Bajo el escenario de un orden natural se puede esperar entonces, que habrá mucho tráfico y comercio interregional. Sin embargo, habrá poca inmigración real, es decir, con establecimiento permanente, debido a la discriminación natural contra etno-culturas desconocidas en las áreas residencial y de propiedad inmobiliaria. Y sin importar que tan poca sea la inmigración que allí llegue, será de individuos que han asimilado casi por completo la recientemente adoptada comunidad y su etno-cultura.[8]

II

Ahora introduzcamos la institución del Estado. La definición de Estado que aquí suponemos es más bien poco controvertible: El Estado es una agencia que detenta el monopolio exclusivo de la toma final de decisiones y de arbitraje de conflictos dentro de un territorio dado. Particularmente, el Estado puede insistir en que todo conflicto en el que él mismo esté implicado sea resuelto por sí mismo o por sus agentes. Como segundo elemento en la definición de Estado, – incluído tácitamente en el poder de excluir a los demás de actuar como jueces de última instancia – está su poder impositivo (de gravar con impuestos), para determinar unilateralmente el precio que debe pagar al Estado quien busque los servicios de la justicia.[9]

Ciertamente, basados en esta definición, es fácil entender porqué podría existir el deseo de establecer un Estado. No es, como nos dicen en el Jardín Infantil, para lograr el “bien común” o porque no habría orden sin Estado, sino por una razón bastante más egoísta y baja. Porque aquel que tiene el monopolio del arbitraje final dentro de un territorio dado puede dictar y crear leyes en su propio beneficio en vez de reconocer y aplicar la ley existente; y aquel que puede legislar puede también imponer tributos y así enriquecerse a expensas de otros.

Aquí es imposible examinar todos los aspectos de la fascinante pregunta de cómo logró surgir una institución tan extraordinaria como es el Estado con el poder de legislar e imponer tributos, con la excepción quizás de observar que las ideologías y los intelectuales jugaron un papel decisivo. [10] Vamos más bien a considerar el Estado como “un hecho”, y veamos los cambios que resultan de su existencia en lo concerniente a la inmigración.

Primero, con la instauración de un Estado y fronteras territoriales estatales definidas, la “inmigración” adquiere un significado enteramente nuevo. En un orden natural, la inmigración es el traslado de una persona de un vecindario-comunidad a otro diferente (micro-migración). En cambio, bajo condiciones estatistas la inmigración es inmigración de “extranjeros” del otro lado de la frontera del Estado, y la decisión de a quien excluir o incluir, y bajo qué condiciones, descansa, no en una multiplicidad de propietarios privados independientes o de comunidades de propietarios, sino en un solo Estado o gobierno central (y centralizante) como soberano máximo de sus habitantes y propiedades (macro-migración). Si un propietario doméstico invita y hace los arreglos necesarios para el ingreso de una persona a su propiedad, pero el Gobierno excluye a esta persona del territorio del Estado, estamos ante un caso de exclusión forzada (un fenómeno que no existe en el orden natural). Por otra parte, si el Gobierno admite a una persona a pesar de que no hay propietario doméstico que la haya invitado a su propiedad, se trata de un caso de integración forzada (también inexistente en el orden natural, donde todo movimiento requiere invitación).

III

Para comprender el significado de este cambio entre, admisión descentralizada por una multiplicidad de propietarios y asociaciones de propietarios (micro-migración) y admisión centralizada por cuenta de un estado (macro-migración), y entender en particular las potencialidades de la integración forzada bajo condiciones estatistas, es necesario considerar brevemente la política de migración doméstica del Estado. De acuerdo con la definición de Estado como monopolio territorial de legislación e impuestos, y la suposición del “interés propio”, se pueden predecir las características básicas de tal política.

Fundamentalmente, se puede predecir que los agentes del Estado estarían interesados en aumentar (maximizar) los ingresos fiscales y/o en extender el rango de interferencia legislativa sobre las derechos establecidos de propiedad privada, pero tendrían poco o ningún interés en hacer realmente lo que el Estado se supone que hace: proteger los propietarios privados y su propiedad de la invasión doméstica o extranjera. Más específicamente, como los impuestos y la interferencia legislativa sobre los derechos de propiedad privada no se aceptan voluntariamente sino que encuentran resistencia, el Estado, para asegurar su propio poder de gravar y legislar, debe tener un interés imprescindible de proveer acceso a sus agentes a todas y cada una de las propiedades dentro del territorio estatal. Para lograr esto, el Estado debe tomar control sobre todas las vías privadas existentes (expropiar) y luego utilizar sus ingresos fiscales para construir más y más vías “públicas”, sitios, parques y terrenos, hasta que la propiedad privada esté delimitada o encerrada por terrenos y vías públicas. Muchos economistas han sostenido que la existencia de vías públicas indica una imperfección -del orden natural- del mercado libre. Según ellos, el mercado libre “produce en forma deficiente” el llamado “bien público” de las carreteras; y las carreteras públicas financiadas con impuestos rectifican esta deficiencia y elevan la eficiencia económica total (al facilitar el tráfico y el comercio interregional y bajar los costos de transacción). Obviamente, ésta es una visión ingenua de la situación.[11]

Los mercados libres producen carreteras, aunque más bien podrían producir más pocas y diferentes carreteras que bajo condiciones estatistas. Y visto desde la perspectiva de un orden natural, la producción creciente de carreteras bajo condiciones estatistas representa, no una mejora sino, una “sobre-producción” o mejor aún, una “mal-producción” de carreteras. Las carreteras públicas no son simplemente inofensivas facilitadoras del intercambio inter-regional. Lo primero, y más importante, es que son facilitadoras del gravamen de impuestos y del control estatal, porque a través de las carreteras y las vías públicas los recaudadores de impuestos, la policía, y los militares del Gobierno pueden llegar directamente hasta el umbral de entrada de todos sus súbditos.[12]

Además, las tierras y caminos públicos conducen a una distorsión y a una desintegración artificial de la asociación y separación espaciales características de un orden natural. Según lo explicado, hay razones para estar cercano y disponible, pero también hay razones para estar físicamente distante y separado de otros. La sobreproducción de caminos que tiene lugar bajo condiciones estatistas significa, por una parte que, diferentes comunidades quedan colocadas a mayor proximidad entre si de lo que para ellas hubiera sido preferible (por razones de preferencia demostrada). Por otra parte significa que las vías públicas desintegran y dividen una comunidad coherente.[13]

Por otra parte, bajo la suposición específica de un Estado democrático se pueden hacer predicciones aún más precisas. Casi por definición, el territorio de un Estado se extiende sobre varias comunidades etno-culturalmente heterogéneas, y dependiendo de elecciones populares repetitivas, un gobierno – estado- confiable se ocuparía de generar políticas redistributivas.[14] En un territorio con una mezcla etno-cultural esto significa enfrentar una raza, una tribu, un grupo lingüístico o religioso contra otro; una clase dentro cualquiera de estos grupos contra otra (ricos contra pobres, capitalistas contra trabajadores, etc.); y finalmente, madres contra padres e hijos contra padres y madres. La resultante redistribución de la renta y de la riqueza es compleja y variada. Hay simples transferencias de pago de un grupo a otro, por ejemplo. Sin embargo, la redistribución también tiene un aspecto espacial. En el ámbito de las relaciones espaciales encuentra expresión en una red cada vez más difundida de políticas anti-discriminatorias de “acción afirmativa” impuestas a los propietarios privados.

El derecho de un propietario de excluir a otros de su propiedad es el medio por el cual puede evitar que le sucedan “males”: acontecimientos que disminuirán el valor de su propiedad. Por medio de una inundación incesante de legislación redistributiva, el Estado democrático ha trabajado implacablemente no sólo para despojar a los ciudadanos de todas sus armas sino también para despojar a los propietarios domésticos de su derecho a la exclusión, robándoles de tal modo gran parte de su protección personal y física. Los propietarios comerciales de almacenes, hoteles y restaurantes ya no tienen libertad de excluir o de restringir el ingreso a sus establecimientos como mejor les parezca. Los patrones ya no pueden emplear o despedir a quienes deseen. En el mercado inmobiliario, los propietarios ya no tienen libertad de excluir a los arrendatarios indeseables. Además, mediante convenios restrictivos los propietarios son obligados a aceptar miembros y acciones que violan sus propias reglas y políticas. En resumen, la integración forzada es ubicua (omnipresente), y hace cada vez más vulgares y desagradables todos los aspectos de la vida.[15]

IV

Con las políticas domésticas del Estado como telón de fondo podemos volver al problema de la inmigración bajo las condiciones estatistas. Es claro ahora qué implica la admisión migratoria estatal. No implica simplemente la admisión centralizada. Al admitir a alguien en su territorio, el Estado permite también a esta persona proseguir por caminos y terrenos públicos hasta llegar al umbral de cada residente doméstico, hacer uso de todas las instalaciones y servicios públicos (tales como hospitales y escuelas), y tener acceso a todo establecimiento comercial, a empleo, y a vivienda residencial, protegido por una multiplicidad de leyes antidiscriminatorias.[16]

Sólo falta un elemento adicional en esta reconstrucción. ¿Por qué la inmigración podría llegar a ser un problema para el Estado? ¿Quién querría emigrar de un orden natural a un área estatista? El área estatista tendería a perder sus residentes, especialmente los sujetos más productivos. Sería atractivo solamente para los potenciales recipientes del Estado-Bienestar (cuya sola admisión consolidaría aún más la tendencia a la emigración). La emigración de ninguna manera es un problema para el Estado. De hecho, la institución de un Estado es causa de emigración; realmente, es la causa más importante o aún más, la única causa de migraciones masivas modernas (más potente y devastadora en sus efectos que cualquier huracán, terremoto o inundación y comparable solamente a los efectos migratorios de algunas edades de hielo).

Lo que está faltado en esta reconstrucción es la suposición de una multiplicidad de Estados que se reparten el globo entero (ausencia total de órdenes naturales). Entonces, mientras un Estado causa emigración masiva, otro Estado se enfrentará al problema de la inmigración masiva; y la dirección general de los movimientos masivos de migración será desde aquellos territorios en donde los Estados más explotan (expropian y gravan con impuestos mediante legislación) a sus súbditos (y por consiguiente donde la riqueza tiende a ser más baja) hacia aquellos otros territorios donde los Estados explotan menos (y donde la riqueza es mayor). Finalmente hemos llegado al momento, cuando el Mundo Occidental – Europa Occidental, Norteamérica, y Australia – hacen frente al espectro de la inmigración masiva causada por todos los Estados restantes del mundo. ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo en relación a esta situación?

Por el más puro “interés propio” los Estados no adoptan la política de “fronteras abiertas”. Si lo hicieran, la afluencia de inmigrantes llegaría rápidamente a tales proporciones que se derrumbaría el sistema doméstico de Bienestar Social Estatal. Por otra parte, el Estado-Bienestar de Occidente no evita que cada año ingresen y se asienten en sus territorios decenas, o aún centenas de millares (y en el caso de los Estados Unidos bastante superior a millones) de extranjeros no invitados. Por otra parte, mientras de inmigración legal se trata (algo de ilegal se tolera), los Estados-Bienestar de Occidente han adoptado una política de admisión anti-discriminatoria, “la Acción Afirmativa”. Es decir, fijan una número máximo de inmigrantes y después asignan cuotas de inmigrantes a los varios países o regiones, independientemente de qué tan símiles, o disímiles, etno-culturalmente sean tales países y regiones de origen, agravando así el problema de la integración forzada. También permiten obtener “Asilo Político” a un número abierto (no especificado) de “víctimas” entre grupos aprobados por el gobierno (con exclusión de otras víctimas “políticamente incorrectas”).[17]

En vista de la impopularidad de esta política, uno podría preguntarse cual pudo haber sido el motivo para establecerla. Pero dada la naturaleza del Estado no es difícil encontrar el raciocinio. Los Estados, como se recuerda, son también promotores de la integración doméstica forzada. La integración forzada es una manera de destrozar todas las instituciones sociales y jerarquías intermedias (entre el Estado y el individuo) por ejemplo la familia, el clan, la tribu, la comunidad, la iglesia y sus niveles y rangos internos de autoridad. Con la integración forzada se aísla a los individuos (atomización) y se debilita su poder de resistencia frente el Estado.[18] En la “lógica” del Estado, una dosis fuerte de invasión extranjera, especialmente si viene de lugares extraños y lejanos, cuenta para consolidar aún más esta tendencia. Y la situación actual ofrece un momento particularmente oportuno de hacerlo así, porque de acuerdo con la tendencia intrínsecamente centralizadora de los Estados, y del estatismo en general, y promovido particularmente, aquí y ahora, por los E.E.U.U. como única superpotencia que queda en el mundo (occidental), o más exactamente por las élites neoconservadoras y socialdemócratas que controlan los gobiernos estatales en los E.E.U.U. y en Europa Occidental, que están dedicadas al establecimiento de Estados supra-nacionales (tales como la Unión Europea) y en última instancia un Estado Único Mundial. Los apéndices nacionales, regionales o comunales son graves escollos en el camino para llegar a esta meta. El Gobierno calcula e impone una cuota adecuada de extranjeros multiculturales, sin invitación, para debilitar aún más, y finalmente destruir, las identidades nacionales, regionales, y comunales y promover así las metas de un Orden Único Mundial y de un nuevo “hombre universal”, cuyo líder es, por supuesto, los Estados Unidos de América.[19]

V

¿Qué se puede hacer, si es que hay algo, para estropear estos esquemas estatistas y para recuperar la seguridad y la protección contra la invasión, bien sea doméstica o extranjera? Comencemos con analizar una propuesta hecha por los editores del Wall Street Journal, el Instituto Cato, la Fundación para la Educación Económica, y varios escritores libertarios de izquierda, y relacionada con la política de “frontera abierta” o “sin frontera”, no porque esta oferta tenga algún mérito, sino porque ayuda a dilucidar cuál es el problema y qué sería necesario hacer para solucionarlo.

No es difícil predecir las consecuencias de una política de frontera “abierta” en el mundo actual. Si Suiza, Austria, Alemania o Italia, por ejemplo, admitieran libremente a cada uno de los que atraviesan sus fronteras exigiendo entrada, serían arrollados rápidamente por millones de inmigrantes del tercer mundo, de Albania, de Bangladesh, de la India, y de Nigeria, por ejemplo. Como lo entienden los más perspicaces defensores de la frontera abierta, las provisiones y programas domésticos del Estado-Bienestar se derrumbarían como consecuencia.[20] Esto no sería motivo de preocupación, porque seguramente, para recuperar la eficaz protección de personas y propiedades, el Estado-Bienestar tendría que ser suprimido. Pero entonces viene el gran salto, o el enorme hueco, en la discusión de la frontera abierta: desde las ruinas de los Estados-Bienestar democráticos, nos empujan a creer, que de alguna manera surgirá un nuevo orden natural.

El primer error en esta línea de razonamiento puede ser identificado fácilmente. Una vez que el Estado-Bienestar se ha derrumbado bajo su propio peso, las masas de inmigrantes causantes del problema todavía subsistirán allí. No se han transformado milagrosamente en suizos, austriacos, bávaros o lombardos, sino que siguen siendo lo que son: zulús, hindús, ibos, albaneses, o bangladeshis. La asimilación puede funcionar cuando el número de inmigrantes es pequeño. Es enteramente imposible, sin embargo, si la inmigración ocurre en gran escala. En ese caso, los inmigrantes simplemente transportarán su propia etno-cultura al nuevo territorio. Por consiguiente, cuando el Estado-Bienestar haga implosión habrá una multiplicidad de “pequeñas” (o no tan pequeñas) Calcutas, Dacas, Lagoses, y Tiranas derramadas por toda Suiza, Austria, e Italia. Quien crea que un orden natural pueda surgir de esta adición demuestra una impresionante ingenuidad sociológica. De acuerdo a la experiencia histórica acumulada con tales formas de multiculturalismo, se puede predecir con seguridad que el resultado será la guerra civil. Se generalizarán el pillaje y la invasión ilegal, lo cual conllevaría a un consumo masivo de capital, y la civilización, tal como la conocemos, desaparecería de Suiza, de Austria y de Italia. Además, la población del país anfitrión sería rápidamente superada y físicamente desplazada en última instancia, por la mayor tasa de crecimiento de sus “huéspedes”. Todavía habrá montañas en Suiza y Austria, pero ningún suizo o austriaco. [21]

Sin embargo, el error en la propuesta de la frontera “abierta” va más allá de sus graves consecuencias. El error fundamental de la propuesta es moral o ético en naturaleza y su postulado es mentira. La hipótesis subyacente es que los extranjeros tienen “derecho” a inmigrar. En realidad, no tienen de ninguna manera tal derecho.

Los extranjeros tendrían derecho de entrar a Suiza, Austria o Italia solamente si estos lugares fueran territorios deshabitados (sin propietario). Sin embargo, lo tienen, y nadie tiene derecho de entrar en territorios que otros poseen a menos que sea invitado por el propietario. Ni es permitido argumentar, como lo han hecho algunos autores partidarios de la frontera “abierta”, que mientras los extranjeros no pueden ingresar a la propiedad privada sin permiso del propietario, pueden hacer tal cosa en la propiedad pública. A sus ojos, la propiedad pública tiene relación con la propiedad “sin propietario” y “abierta” para todo sujeto doméstico o extranjero.[22] Sin embargo, esta analogía entre propiedad pública y recursos sin propietario es incorrecta. Hay una diferencia categórica entre los recursos sin propietario (frontera abierta) y la propiedad pública. La propiedad pública es el resultado de incautaciones del Estado-gobierno mediante expropiaciones legislativas y tributos impuestos a la propiedad privada original. Mientras que el Estado no reconoce a persona alguna como su propietario privado, toda propiedad pública controlada por el gobierno, de hecho, ha sido originada por contribuciones de sus habitantes domésticos. La propiedad pública austriaca, suiza, e italiana ha sido financiada por austriacos, suizos, e italianos, de acuerdo con la cantidad de impuestos pagados por cada ciudadano. Por lo tanto, deben ser considerados como sus legítimos propietarios. Los extranjeros no han pagado impuestos, ni sus propiedades domésticas han sido expropiadas por el Estado; por lo tanto, no pueden exigir ningún derecho sobre la propiedad pública de los austriacos, suizos o italianos.

El reconocimiento del status moral de la propiedad pública como propiedad privada expropiada no es sólo un argumento suficiente para rechazar la propuesta de la frontera “abierta” como un ultraje moral. Es igualmente suficiente para combatir las actuales políticas en materia de inmigración semi-abierta de “acción afirmativa” de los Estados-Bienestar Occidentales.

Hasta ahora se ha hecho demasiado énfasis en argumentos consecuencialistas (utilitarios) en el debate sobre la política de inmigración. Los defensores del status quo han sostenido que la mayoría de los inmigrantes trabajan y llegan a ser productivos, así que la inmigración contribuye a un mejoramiento del nivel de vida doméstico. Los críticos han sostenido que las instituciones y provisiones existentes del Estado-Bienestar invitan cada vez más a la inmigración que trata de obtener los beneficios del Bienestar, y han advertido que la única ventaja de las políticas actuales sobre la alternativa de frontera “abierta” es que la primera tardará décadas hasta que, en última instancia, conducirá a efectos similarmente graves, mientras que la última producirá tales efectos en pocos años. La solución de estos problemas es importante pero no es decisiva. La oposición contra las actuales políticas en materia de inmigración es, en última instancia, independiente de si la inmigración hace que suba o baje el producto per cápita o GDP (o mediciones estadísticas similares). Es cuestión de justicia: de correcto e incorrecto. Es comprensible el intento del Estado-Bienestar democrático de encubrir la fuente de la propiedad pública (es decir, los actos de expropiación). Sin embargo, reconocen que la propiedad pública es “de alguna manera” propiedad de sus ciudadanos y que fueron delegados como administradores de la propiedad pública por los mismos ciudadanos. De hecho, la legitimidad del Estado moderno se deriva de su afirmación de proteger a los ciudadanos y su propiedad contra invasores, intrusos e impostores, domésticos y extranjeros. Con respecto a los extranjeros, la anterior protección requiere que el Estado actúe como lo hacen los porteros en las comunidades privadas cerradas. El Estado tendría que comprobar que cada recién llegado tenga una invitación y vigilar sus movimientos mientras esté en camino a su destino final. Una vez quede claro que el gobierno tolera, o más aún, promueve realmente la intrusión y la invasión masiva de extranjeros, que de ninguna forma pueden ser considerados bienvenidos o invitados por los residentes domésticos, éste hecho es, o puede convertirse en, una amenaza a la legitimidad del gobierno y debe ejercer suficiente presión sobre el mismo para que adopte una política de admisión más restrictiva y discriminatoria.[23]

Pero esto solamente puede ser el principio; incluso si la opinión pública indujera al Estado a adoptar una postura sobre inmigración más acorde con los sentimientos populares y con la justicia, no cambiaría el hecho que los intereses de los propietarios privados y los del Estado, como monopolio territorial de legislación e impuestos, son incompatibles y en conflicto permanente el uno con el otro. Un Estado es una contradicción en términos: es un protector de la propiedad, que puede expropiar la propiedad del protegido mediante legislación e impuestos. Se puede predecir que el Estado está más interesado en la maximización de los ingresos fiscales y del poder (su gama de interferencia legislativa a los derechos de la propiedad privada) y no tiene más propósito que la protección de sí mismo. Lo qué experimentamos en el área de inmigración es solamente un aspecto del problema general. Se supone también que los Estados protegen a los ciudadanos contra intrusiones e invasiones domésticas, sin embargo como hemos visto, los desarman, los rodean, los gravan con impuestos, y luego los privan de su derecho a la exclusión, dejándolos de ese modo desamparados.

Por consiguiente, la solución al problema de la inmigración es al mismo tiempo la solución al problema general inherente a la institución del Estado y la propiedad pública. Implica el retorno a un orden natural por medio de secesión. Para recuperar la protección contra la intrusión y las invasiones domésticas y extranjeras, los Estados nacionales centrales tendrán que fragmentarse en sus componentes. Los Estados centrales austriaco e italiano no poseen la propiedad pública austriaca e italiana; son sus administradores por encargo de los ciudadanos. Con todo no protegen a los ciudadanos ni sus propiedades. Por lo tanto, sólo los austriacos y los italianos (y no los extranjeros) son los propietarios de Austria y de Italia; así, por extensión del mismo principio son los carintianos y lombardos (de acuerdo con el pago individual de impuestos) quienes poseen Carintia y Lombardía, y los bergameses a Bérgamo (y no los gobiernos de Viena o Roma).

En un primer paso decisivo, las provincias individuales, regiones, ciudades, pueblos y aldeas deben declarar su independencia de Roma, Viena, Berlín, París, y proclamar su status de “territorios libres.” A pesar de los grandes esfuerzos de los Estados centrales en su contra, todavía existen fuertes ataduras y afiliaciones provinciales en muchas regiones, ciudades y aldeas a través de toda Europa. Es vital consultar estos sentimientos provinciales y locales al dar el primer paso. Con cada acto sucesivo de secesión regional disminuirá el poder del Estado central. En cada ocasión se le despojará de más y más propiedades públicas, el rango de acceso de sus agentes será cada vez más restringido, y sus leyes se aplicarán en territorios cada vez más y más pequeños, hasta que en última instancia se marchite definitivamente.

Sin embargo, es esencial ir más allá de la “secesión política” hasta llegar a la privatización de la propiedad. Después de todo, las corporaciones políticas provinciales y locales (gobiernos) tienen más derecho a la propiedad provincial o local que el que el gobierno central tiene con la propiedad nacional. El proceso de secesión debe progresar. La propiedad pública provincial o comunal: caminos, parques, edificios de gobierno, escuelas, palacios de justicia, etc., se deben devolver a los genuinos propietarios privados o asociaciones de propietarios. ¿Quién posee, y en qué proporción, la propiedad provincial o comunal? ¡En principio, cada uno posee según su contribución (obligatoria) a esta propiedad! En el caso en que la propiedad privada hubiese sido expropiada por el gobierno local con objeto de “extinguir el dominio por interés general” la propiedad simplemente se devuelve a su propietario original.

En cuanto a las restantes (que son la mayoría) propiedades públicas, la parte que es propiedad enajenable se debe distribuir por “acciones” entre los miembros de la comunidad de acuerdo con los pagos individuales de impuestos. Cada camino, parque, escuela, terreno público, etc., fue financiado con impuestos de los contribuyentes; por lo tanto, los contribuyentes locales, de acuerdo con los impuestos pagados, deben ser los beneficiarios de la adjudicación de la propiedad pública local.[24] Esto tiene una doble implicación. Primero, algunos residentes han pagado más impuestos que otros, así que es justo y natural que a los primeros se les debe conceder un mayor número de “cuotas o acciones” que a los últimos. En segundo lugar y más específicamente, se excluirán totalmente de recibir “cuotas o acciones” de la propiedad pública a algunos residentes. Por un lado, los recipientes del Bienestar deben ser excluidos. Probablemente, no han pagado ningún impuesto sino que en lugar de esto han vivido de los impuestos pagados por otros. Por lo tanto, no pueden solicitar “cuotas o acciones” de la propiedad pública. Asimismo, todos los oficiales y funcionarios del gobierno deben ser excluidos de recibir “cuotas o acciones” de la propiedad pública, porque su sueldo neto (después de impuestos) fue pagado de los impuestos pagados por otros. Además como recipientes del Bienestar, los funcionarios no han pagado impuestos sino que han consumido impuestos. Por lo tanto, tampoco tienen ningún derecho a la propiedad comunal.[25]

Con el Estado central en proceso final de marchitamiento y ya completa la privatización de la propiedad pública, el derecho a la exclusión inherente a la propiedad privada y esencial para la seguridad y protección personales se devuelve a manos de una multiplicidad de unidades de toma de decisión privadas independientes. La inmigración se convierte de nuevo en un micro-fenómeno y desaparece como “problema” social.

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[1] Ludwig von Mises, La Acción Humana: Un tratado sobre economía (Auburn, Ala.: Instituto Ludwig von Mises, 1998), P. 144. “Dentro del marco de la cooperación social,” Mises explica, “pueden surgir entre los miembros de la sociedad sensaciones de empatía y amistad junto con sentimientos de pertenencia conjunta. Estas sensaciones son fuente de las más encantadoras y sublimes experiencias del hombre. Sin embargo, no son, como algunos han afirmado, los agentes que han forjado las relaciones sociales. Son frutos de la cooperación social, prosperan solamente dentro de su marco; no precedieron el establecimiento de las relaciones sociales y no son la semilla de la cual brotarán.”

[2] En relación a la familia, Mises explica, “la atracción sexual mutua entre el varón y la hembra es inherente en la naturaleza animal del hombre e independiente de cualquier pensamiento y teoría. Es permitido llamarla original, vegetativa, instintiva, o misteriosa. …. Sin embargo, ni la cohabitación, ni lo qué la precede ni lo que la sigue, generan cooperación social ni modos de vida en sociedad. Los animales también se juntan en el acoplamiento, pero no han desarrollado relaciones sociales. La vida familiar no es simplemente un producto de la cópula sexual. No es de ninguna manera natural ni necesario que los padres y los niños vivan juntos de la manera como lo hacen en la familia. La relación de acoplamiento no necesariamente resulta en una organización familiar. La familia humana es resultado del pensamiento, de la planificación, y de la actuación.” Acción Humana, P. 167.

[3] Ver también a Spencer H. MacCallum, El Arte de la Comunidad (Menlo Park, California: Instituto para los Estudios Humanos, 1970).

[4] Mises observa a este respecto que “aún si existiese tal cosa como el odio natural e innato entre varias razas, no haría la cooperación social vana. … la cooperación social no tiene nada que ver con el amor personal o con un mandamiento general de amarse los unos a los otros. Cooperan porque sirve a sus propios intereses. Ni el amor ni la caridad ni cualquier otro sentimiento de empatía, sino un egoísmo correctamente entendido es lo que ha impulsado al hombre a ajustarse a los requisitos de la sociedad, a respetar los derechos y las libertades del prójimo y a sustituir con cooperación pacífica la enemistad y el conflicto.” Acción Humana, P. 168.

[5] Ver también Hans-Hermann Hoppe, La Democracia- el Dios que falló: La economía y la política de la monarquía, de la democracia, y del orden natural (Nuevo Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2001), esp. cap. 9. Sobre el significado de raza y etnicidad, y especialmente sobre “similitud y disimilitud genéticas” como fuentes de atracción y de repulsión, ver J. Phillippe Rushton, Raza, Evolución y Comportamiento (New Brunswick, New Jersey: Transacción Publishers, 1995); idem, “Gene-Cultura, Co-evolución, y teoría de la similitud genética: Implicaciones en ideología, nepotismo étnico, y geopolítica,” Política y las Ciencias de la Vida 4 (1986); y Michael Levin, Porqué es Importante la Raza (Westport, Conn.: Praeger, 1997).

[6] Sobre el derecho y la economía de la “acción afirmativa” y de la discriminación, ver a Richard A. Epstein, Terrenos Prohibidos (Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago, 1992); Bloque de Walter Block y Michael Walker, eds., Discriminación, Acción Afirmativa, e Igualdad de Oportunidades (Vancouver, B.C.: Frazer Institute, 1982).

[7] Empíricamente, la exigencia del hombre por homogeneidad etno-cultural en áreas residenciales encuentra su expresión en el desarrollo de dos institucionales importantes. Por un lado, la exigencia se acomoda al desarrollo de las comunidades “cerradas” de propietarios o alianzas “restringidas” – como posesión de un fundador-desarrollador y arrendadas a seguidores-arrendatarios. Aquí, desde el principio, el propietario impone sus propios estándares de admisión a la comunidad y de conducta de los miembros. Los seguidores-arrendatarios, al asociarse al propietario, acuerdan seguir este código. Por supuesto, cualquier código restringe el rango de opciones permitidas a una persona (con respecto al rango disponible fuera de la comunidad propietaria). De la misma manera, sin embargo, el código protege a cada miembro de la Comunidad contra varias formas de disturbios externos. Probablemente, cuando se hacen miembros residentes de la Comunidad demuestran que prefieren la “protección” adicional, ofrecida por el código, a pesar de las “restricciones” adicionales. Por otra parte, en comunidades de múltiples propietarios independientes, la demanda por homogeneidad etno-cultural encuentra expresión en la institución del seguro (mutuo o de capital base). La esencia del seguro es agrupar riesgos individuales en un reservorio (o clase) de riesgos. Sin embargo, para ser agrupados así, cada riesgo individual debe ser “homogéneo” en lo concerniente al riesgo considerado frente a otros riesgos individuales dentro de la misma clase. Los riesgos “heterogéneos” no se pueden asegurar ni deben ser asegurados por separado (en diferentes reservorios, en común con otros riesgos homogéneos, y a diferente precio). La homogeneidad etno-cultural de vecindades, entonces, es simplemente un dispositivo para tomar un seguro contra amenazas exteriores e interferencias posibles y así bajar el costo de protección residencial de la propiedad. La homogeneidad facilita el aseguramiento mutuo de la propiedad. Los aseguradores basados en capital cobrarán primas más bajas por los grupos de territorios homogéneos (mientras que al mismo tiempo revelan los diferentes rangos de desarrollo cultural de varias ethno-culturas, según lo reflejado en el rango de variación de los precios de las primas cobradas en diversas localidades.)

[8] La migración masiva, en contraste con la migración individual de trabajadores expertos en reducida escala en búsqueda de un ambiente más productivo, es enteramente un fenómeno de hechura del Estado (véase también la sección IV abajo). Más típicamente, la migración masiva es el resultado de guerras inter-estatales, de programas estatales de re-asentamiento, de expulsiones en grupo, o del destruccionismo general de la economía.

[9] ver Murray N. Rothbard, Por una Nueva Libertad (Nueva York; Macmillan, 1978), esp. Cap 3; Murray N. Rothbard, La Ética de la Libertad (Nueva York: Prensa de la universidad de Nueva York, 1998), esp. parte III, Hans-Hermann Hoppe, Una Teoría sobre el Socialismo y el Capitalismo (Boston: Kluwer 1989); también Franz Oppenheimer, El Estado (Nueva York: Vanguard Press, 1914).

[10] Ver Hoppe, La Democracia – el Dios que Falló; idem, “Las élites naturales, los intelectuales, y el Estado,” (Auburn, Ala.: Folleto del Ludwig von Mises Institute, 1995); Murray N. Rothbard, Por una Nueva Libertad, esp. Cap. 7; idem, Educación: Libre y Obligatoria (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1999).

[11] Sobre las falacias de la teoría de los bienes públicos ver Murray N. Rothbard, Hombre, Economía, y Estado (Auburn, Ala.: Luis von Mises Institute, 1993), págs. 883-90; Hoppe, Una Teoría sobre el Socialismo y el Capitalismo, cap. 10; sobre las vías, en particular, ver Walter Block, “Los Bienes Públicos y Externalidades: El Caso de las Vías,” Journal de Estudios Libertarios 7, No. 1 (1983).

[12] Inclusive los famosos caminos de la Roma antigua fueron típicamente mirados como una plaga (más bien que como una ventaja) porque eran esencialmente militares en vez de rutas comerciales. Ver a Max Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik (Stuttgart: Kroener, 1964), P. 4.

[13] ver también a Edward Banfield, La Ciudad en Discusión Nuevamente Visitada (Boston: Little, Brown, 1974).

[14] Sobre la imposibilidad práctica de la democracia (gobierno de la mayoría) en Estados multiétnicos, ver a Ludwig von Mises, Nación, Estado y Economía (Nueva York: Prensa de la universidad de Nueva York, 1983).

[15] Ver también Murray N. Rothbard, “Marshall, los Derechos Civiles y las Cortes,” en Llewellyn H. Rockwell, Jr., ed., El Rothbard Incontenible (Burlingame, California: Centro para los estudios libertarios, 2000), págs. 370-77; Michael Levin, “El Presidente como Ingeniero Social,” en John V. Denson, ed., Valorando de Nuevo la Presidencia (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2001), págs. 651-66.

[16] “Si todo trozo de tierra de un país fuera poseído por alguna persona, grupo o corporación,” elabora Murray N. Rothbard, “ésto significaría que ningún inmigrante podría entrar, a menos que fuera invitado y le fuera permitido alquilar o comprar propiedad. Un país totalmente privatizado sería tan cerrado como deseen los habitantes y propietarios particulares. Parece claro, entonces, que el régimen de fronteras abiertas que existe de hecho en los E.E.U.U. es realmente a una apertura obligatoria del Estado central, el Estado tiene a cargo de todas las calles y áreas de terreno público, y no refleja los deseos genuinos de los propietarios.” “Naciones por consentimiento: Descomponiendo la nación Estado”, Journal de Estudios Libertarios 11, No. 2 (1994), P. 7. Sobre la inmigración a los E.E.U.U., ver a Peter Brimelow, Nación Extranjera: Sentido Común sobre el Desastre de la Inmigración en América (Nueva York: Random House, 1995); George J. Borjas, Amigos o Extraños: El impacto de los Inmigrantes en la Economía de los E.E.U.U. (Nueva York: Libros básicos, 1990); idem, Puerta del Cielo: Política en Materia de Inmigración y la Economía Americana (Princeton, New Jersey: Prensa de la Universidad de Princeton, 1999).

[17] Tipicamente, es más fácil para un asesino “político” certificado, tal como un dictador socialista, por ejemplo, que ha sido derrocado por otro, ganar entrada a países occidentales que para (el suyo) las víctimas “verdaderas”. Mientras que la calificación de víctima cambia con los vientos políticos, una constante relativa en la política occidental del asilo es la preferencia por la inmigración judía (con la exclusión del no judío). En los E.E.U.U., por ejemplo, se ha tenido una tradición de muchos años por la cual los judíos de la antigua Unión Soviética califican como “víctimas,” mientras que los rusos o los ucranianos regulares no lo hacen. Para no quedar en desventaja, Alemania acepta actualmente a todo judío ruso que desee la entrada, pero excluye como no-víctimas al resto de los rusos. Por lo tanto, la solicitud de asilo en Alemania entre los “judíos rusos,” dos tercios de los cuales son mantenidos totalmente por el sistema “público” de seguridad social, ha llegado a tal nivel que el comité central de judíos en Alemania exigió del gobierno alemán (con éxito) que los aspirantes “pasen una prueba” de que son judíos. Esencialmente, la prueba es igual a la empleada por los nacional-socialistas en las infames Leyes de la Raza de Nuremberg de 1934 (que ahora se utilizan para el efecto opuesto), las cuales a su vez se basaron en las restricciones religiosas oficiales del judaísmo ortodoxo (reconocidas por ellos mismos). Incidentemente, Israel, quien se define como un “Estado judío,” prohíbe prácticamente toda inmigración de no judíos (mientras que permite que cualquier judío, de cualquier lugar, bajo la ley del retorno, entre en Israel con derechos de ciudadanía completa). El noventa y dos por ciento de la tierra de Israel es de propiedad del gobierno y es regulada por el Fondo Nacional Judío. Según sus regulaciones, el derecho a residir, a abrir un negocio, y también con frecuencia a trabajar en esta tierra, está prohíbida a toda persona con excepción de los judíos. Mientras que los judíos pueden alquilar de no-judíos, se prohíbe a los no-judíos alquilar de judíos. Ver Israel Shahak, Historia Judía, Religión Judía (Londres: Pluto Press, 1994), esp. cap. 1

[18] ver también a Robert A. Nisbet, Comunidad y Poder (Nueva York: Prensa de la Universidad de Oxford, 1962; idem, Conservatismo (Minneapolis: Prensa de la Universidad de Minnesota, 1986).

[19] Para una presentación resumida del visión neoconservadora del mundo, ver a Francis Fukuyama, El Fin de la Historia y del Último Hombre (New York: Avon Books, 1993); para una revisión crítica de los neoconservadores y su agenda, ver a Paul Gottfried, El Movimiento Conservador (New York: Twayne Publishers, 1993); idem, Después del Liberalismo (Princeton, New Jersey: Prensa de la Universidad de Princeton, 1999). Para un tratamiento literario brillante del tema de la inmigración masiva y del Estado-Bienestar occidental, ver a Jean Raspail, El Campo de los Santos (New York: Charles Scribner’s Sons, 1975).

[20] Ver, por ejemplo, Walter Block, “Un Caso Libertario por la Libre Inmigración”, Journal de Estudios Libertarios 13, No. 2 (1998).

[21] Peter Brimelow, en Nación Extranjera, págs. 124-27, ha proporcionado recientemente evidencia cierta sobre la tesis de que nunca, ningún Estado multicultural, y especialmente ninguno democrático, ha trabajado pacíficamente durante largo tiempo. Haciendo el recuento hacia atrás desde el presente, aquí está la evidencia: Eritrea, gobernada por Etiopía desde 1952, se separa en 1993; Checoslovaquia, fundada en 1918, se parte en sus componentes étnicos Checos y Eslovacos en 1993; la Unión Soviética de 1917 se fractura en múltiples componentes étnicos en 1991, y muchos de estos componentes amenazan con una fragmentación étnica adicional; Yugoslavia, fundada en 1918, se parte en varios componentes étnicos en 1991, y todavía está en curso una desintegración adicional; Líbano, fundado en 1920, ha separado efectivamente a Cristianos y Musulmanes (bajo la dominación de Siria) desde 1975; Chipre, independiente desde 1960, se ha partido efectivamente en territorios Griegos y Turcos desde 1974; en Paquistán, independiente desde 1947, Bangladesh, una étnia definida, se separa en 1971; en Malasia, independiente desde 1963, Singapur, dominado por China, es expelido en 1965. La lista sigue con los casos pendientes, sin resolver: en La India, los Sikhs y los Kashmires; en Sri Lanka, los Tamiles; en Turquía, Iraq e Irán, los Curdos; en Sudán y Chad, los Árabes contra los Negros; en Nigeria, los Ibos; en Ulster, los Protestantes contra los Católicos; en Bélgica, los Flamencos contra los Valones; en Italia, los Tiroleses del Sur de habla alemana; en Canadá, los Franceses contra los Ingleses; en Zimbabwe y Sudáfrica, Negros contra Blancos. ¿Con todo, no es Suiza, con su ensamblaje de Alemanes, Franceses, Italianos, y Románicos una excepción? Apenas escasamente. Todos los poderes esenciales en Suiza, particularmente aquellos que determinan materias educativas y culturales (escuelas), se concentran en manos de los Cantones más bien que en las del gobierno central. Y casi todos los veintiséis cantones y semicantones son etno-culturalmente homogéneos. Diecisiete cantones son alemanes casi exclusivamente; cuatro cantones son casi exclusivamente franceses; y un cantón es predominantemente italiano. Solamente tres cantones son bilingües, el equilibrio etno-cultural suizo ha sido esencialmente estable, y solamente hay alguna migración intercultural-cantonal limitada. Pero aún dadas estas circunstancias favorables, Suiza experimentó una guerra de secesión fracasada, violentamente suprimida, el Sonderbundskrieg de 1847. Además, la creación del nuevo cantón francófono, disidente, de Jura, salido del cantón predominantemente alemán de Berna en 1979, fue precedida por varios años de actividad terrorista.

[22] Ver, por ejemplo, Block, “Un Caso Libertario por la Libre Inmigración”.

[23] En contra de la opinión de muchos entusiastas de la frontera “abierta” del izquierdismo-libertario, es incorrecto deducir del hecho que un inmigrante ha encontrado a alguien que quiere emplearlo, que su presencia en un territorio dado se debe en adelante considerar como “invitada”. En realidad, esta conclusión es verdadera solamente si el empleador asume, además, los costos completos asociados a la importación de su empleado inmigrante. Éste sería el caso de un arreglo hecho bajo la muy calumniada figura de la “ciudad fábrica” poseída y operada por su propietario. Aquí, el costo completo de empleo, el costo de la vivienda, los cuidados médicos, y el resto de amenidades asociadas a la presencia de un inmigrante, son pagados por el propietario. Ninguna otra propiedad está implicada en el establecimiento del inmigrante-trabajador. Menos perfectamente (y cada vez menos aún), este principio de inmigración a todo costo se observa en la política suiza en materia de inmigración. En la inmigración Suiza las materias son decididas localmente, más bien que a nivel del gobierno federal, por la comunidad local del propietario-residente donde el inmigrante quiere residir. Los propietarios están interesados en que la presencia del inmigrante aumente, en vez de que disminuya, los valores de las propiedades de la comunidad. En lugares tan atractivos como Suiza, esto significa típicamente que se espera que el inmigrante (o su empleador) compre su entrada en la comunidad, lo cual requiere a menudo donaciones multimillonarias en dólares. Desafortunadamente, los Estados-Bienestar no funcionan como ciudades fábrica ni aún como comunidades suizas. Bajo las condiciones del Estado-Bienestar el empleador del inmigrante debe pagar solamente una pequeña fracción de los costos totales asociados a la presencia del inmigrante. Sin embargo le permiten socializar (externalizar) una parte substancial de tales costos entre otros propietarios. Equipado con permiso de trabajo, se permite al inmigrante hacer uso gratuito de toda facilidad pública: caminos, parques, hospitales, escuelas, y ningún arrendador o propietario, hombre de negocios, o asociado privado, tiene permiso para discriminar contra él en lo concerniente a vivienda, empleo, alojamiento, o asociación. Es decir, el inmigrante viene invitado con un paquete substancial de beneficios complementarios no pagados (o solo parcialmente) por el empleador del inmigrante (quién aparentemente extendió la invitación), sino por otros propietarios domésticos quienes pagan impuestos aunque no tuvieran intervención alguna en la invitación. Esto no es una “invitación,” según lo entendido normalmente. Es una imposición. Es como invitar trabajadores inmigrantes a que renueven su casa mientras que se les alimenta de los refrigeradores de casas vecinas. Por lo tanto, como el costo de importar trabajadores inmigrantes baja, entonces habrá más inmigrantes patrocinados por empleadores. Por otra parte, el carácter de los inmigrantes también cambia. Mientras que las comunidades suizas eligen inmigrantes versátiles, de alta productividad, cuya presencia aumenta el valor de las propiedades comunales, a los empleadores bajo las condiciones democráticas del Estado-Bienestar, se les permite externalizar los costos de empleo con otros y tienden a importar inmigrantes cada vez más baratos, poco calificados y de baja productividad, sin importarles el efecto sobre los valores de las propiedades comunales cercanas. Teóricamente en bancarrota, la postura del izquierdismo libertario sobre las fronteras abiertas puede entenderse sólo desde el punto de vista psicológico. La fuente se puede encontrar en la formación al estilo Randiano de muchos libertarios de izquierda. A los hombres de negocios y grandes empresarios se les retrata como a “héroes” y, según Ayn Rand, en una de sus más ridículas declaraciones, se les trata como a “la minoría más seriamente perseguida del Estado-Bienestar”. ¿En esta visión (nunca teñida siquiera por conocimientos o experiencias históricos), en que podría haber incorrección si un hombre de negocios contrata a un trabajador inmigrante? De hecho, como cada historiador sabe, los grandes hombres de negocios están entre los más grandes pecadores contra los derechos de la propiedad privada y las leyes del mercado. Entre otras cosas, en una alianza non sancta con el Estado central han adquirido el privilegio de importar trabajadores inmigrantes a costa de otra gente (mientras que también han adquirido el privilegio de exportar capitales a otros países y han sido rescatados por los contribuyentes y los militares cuando tales inversiones se han vuelto agrias). Un segundo motivo de entusiasmo con la frontera abierta entre los libertarios izquierdistas contemporáneos es su igualitarismo. Inicialmente los atrajeron al libertarismo cuando jóvenes debido a su postura “anti-autoridad” (no confiar en ninguna autoridad) y “aparente tolerancia”, hacia formas “alternativas” de vida -no burguesas -. Como adultos, se han quedado estancados en esta fase de desarrollo mental. Expresan una “sensibilidad” especial por toda forma de discriminación y no se inhiben al usar el poder del Estado central para imponer a la sociedad estatutos especiales de no-discriminación o de “derechos civiles”. Por lo tanto, prohibiendo a otros propietarios la discriminación como les viene en gana, les es permitido vivir a expensas de otros. Pueden disfrutar de su forma de vida “alternativa” sin tener que pagar el precio “normal” tal conducta, es decir, discriminación y exclusión. Para legitimar esta línea de conducta, insisten en que una forma de vida es tan buena y aceptable como otra. Esto nos lleva primero al multiculturalismo, después al relativismo cultural, y finalmente a las “fronteras abiertas.” Ver más adelante Hoppe, La Democracia- El Dios que falló, esp. cap. 10.

[24] Se debe hacer énfasis en que las “acciones” de propiedad distribuidas deben ser negociables para que de verdad constituyan propiedad privada. Por una parte, la posibilidad de negociar las “acciones” hace que la gente pueda convertir en dinero efectivo (vender) la propiedad. No todos tienen la paciencia ni están dispuestos a asumir el riesgo asociado a la propiedad de bienes de capital. Por otra parte, y de la misma forma, la posibilidad de negociar las “acciones” hace que las propiedades puedan ser compradas y puestas en uso productivo por los empresarios capitalistas que tienen la paciencia requerida y la disposición a asumir el riesgo asociado (de pérdidas y ganancias).

[25] Con toda seguridad, se van a presentar un número de complicaciones con esta estrategia de la privatización. Para determinar la cuota parte de propiedad concedida a los cada uno de los individuos en edificios y estructuras actualmente en posesión de los gobiernos federal, regional y local, cada uno de estos individuos tendría que proporcionar la documentación que demuestre los pagos de impuestos federales, regionales y locales respectivamente, y en cada caso, además, los pagos recibidos del Bienestar que se deben deducir de los impuestos pagados para llegar a una cifra neta de impuestos pagados. En una sociedad completamente privatizada de mercado, la tarea de encontrar una solución detallada a este problema debe ser asumida normalmente por contadores, abogados, y agencias del arbitraje, financiadas directa o indirectamente, pagados con honorarios contingentes, por los demandantes individuales.

Traducido del inglés por Rodrigo Díaz. El artículo original se encuentra aquí.

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