Los Estados Unidos y el socialismo en América Latina

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Muchos «liberales» (en el sentido anglosajón) de EE.UU. creen de buena fe que las reformas sociales constituyen la mejor defensa contra el avance mundial del comunismo.

Para ayudar a los países pobres o sub-desarrollados, muchos de ellos recomiendan la adopción de reformas agrarias, impositivas y todo tipo de programas de tipo social. Se dice que estas reformas contribuirán a distribuir la riqueza nacional en una forma más equitativa y a aumentar la producción económica para llenar las necesidades del pueblo.

La política de los Estados Unidos hacia los países de Latinoamérica, parece fundarse en las mismas ideas. A principios de mayo, cuando el Presidente Kennedy anunció la concesión de nuevos subsidios y créditos a Bolivia, hizo un elogio de las reformas económicas adoptadas por el gobierno de dicho país. «Vuestra gran Revolución», escribió al Presidente de Bolivia, «ha abierto una ruta para que los demás países la sigan».

Es interesante recordar que el gobierno socialista de Bolivia hace 9 años confiscó minas, tierras y propiedad privada en general. El entonces Ministro del Trabajo y ahora Vice-Presidente, Juan Lechín, alardeó que la reforma agraria de Bolivia se realizó en forma más radical aún que la que llevó a cabo la China Roja. El Gobierno llegó inclusive a encarcelar o expulsar a miles de terratenientes y capitalistas.

Pero esta llamada «revolución», en lugar de producir abundancia, sólo ha traído miseria y hambre a Bolivia; la producción minera que antes constituía el pilar de la economía de Bolivia, se ha derrumbado estrepitosamente. El país está en bancarrota, el pueblo empobrecido y a tal punto fanatizado, que puede admitir fácilmente la forma más descarada de comunismo.

El Presidente Kennedy en un reciente mensaje a la Conferencia Interamericana en Punta del Este, claramente reiteró su posición «liberal».

Hablando acerca del plan de «auto-capacitación» de los países latinoamericanos dijo: «Para una nación en vías de desarrollo, ello significa una cuidadosa planificación nacional, el establecimiento de metas, prioridades y programas de largo alcance… ello significa el pleno reconocimiento del derecho que tienen todas las gentes a participar en nuestro proceso porque dentro de la vida democrática, no hay lugar para aquellas instituciones que beneficien a los pocos y nieguen las necesidades de los muchos, aún cuando la eliminación de ellas pudiera exigir cambios difíciles y de gran trascendencia como la Reforma Agraria, la Reforma Impositiva y un énfasis en la resolución de los problemas de la educación, salubridad y vivienda».

Estamos totalmente de acuerdo con el Presidente Kennedy en que los países pobres necesitan urgentemente de ciertas reformas sociales y económicas. Pero el problema radica en saber elegir cuáles reformas han de aplicarse. Algunas mejoran las condiciones económicas y promueven el avance de las instituciones democráticas, en tanto que otras abaten la producción, la iniciativa, la moralidad y por ello no provocarán otra cosa sino el incremento del comunismo.

Las reformas benéficas alientan la libertad individual y son salvaguarda de la propiedad privada. Dejan en entera libertad el desarrollo e inventiva de los hombres y protegen a todo productor hábil e industrioso, del odio y envidia de los incapaces y de aquellos grupos que se coaligan para obtener beneficios por la vía política.

América Central y Sudamérica necesitan, desde luego, liberarse de los numerosos controles burocráticos, de los carteles y monopolios oficiales.

Los pueblos de Latinoamérica que actualmente sufren serias presiones inflacionarias, necesitan una política de estabilidad monetaria y de integridad fiscal que promuevan el ahorro individual, la industrialización y la confianza en general. Necesitan también, adoptar urgentemente las mismas políticas que hicieron de los Estados Unidos el país libre y próspero que es ahora.

Las reformas dañinas consisten en la intervención gubernamental que hostiliza la libertad e iniciativa individuales y que no hacen sino despojar a los productores del fruto de su trabajo y distribuir sus ingresos y propiedades a través de subsidios y regalos. Dichas reformas no hacen sino preparar el camino para el advenimiento del socialismo, que no es otro que el antecedente del comunismo.

Nadie puede negar que la adopción de planes económicos gubernamentales constituya la característica esencial del socialismo. No son más que un substituto socialista del libre mercado, o sea aquél en que la gente está en libertad para perseguir sus propias metas o fines. Los planes oficiales despojan al pueblo de la libertad de elección individual y establecen en su lugar, un control político sobre la economía.

El término «Planificación Nacional», significa la planeación política por parte de planificadores e inspectores, quienes actúan de acuerdo con sus propias ideas sobre lo que es justo, adecuado y políticamente aceptable. Significa, también, la organización de grupos de presión política con la finalidad de quitarles su riqueza a los productores y distribuirla entre los favoritos del estado. En esas circunstancias, dicha política destruye la producción, la iniciativa y la moralidad.

Las demandas de reforma agraria e impositiva provienen del arsenal ideológico del socialismo. La confiscación de los altos ingresos y la expropiación de tierras, destruyen los fundamentos de una sociedad libre, de la propiedad privada y de la productividad individual e impiden la formación de capital, su acumulación la investigación tecnológica y el desarrollo en general. Son causas del estancamiento económico y de la pobreza y contribuyen al desarrollo de la mentalidad estatista, que es la condición mental propia del comunismo.

Es trágico, desde luego, que el gobierno de los Estados Unidos, esté ejerciendo su gran influencia, hacia el logro de reformas dañinas para Latinoamérica. Con nuestros dispendiosos programas de ayuda extranjera, estamos financiando un sinnúmero de esquemas y experimentos socialistas. Los gobiernos que reciben nuestra ayuda, deben cumplir con nuestras condiciones de elevar los ingresos y los impuestos y de dividir las grandes posesiones agrícolas, distribuyendo los despojos entre el populacho. Estamos recomendando los déficits presupuestarios y la expansión crediticia como condiciones para el desarrollo económico, y cuando un gobierno ha dilapidado sus ingresos y se enfrenta al problema de una devaluación monetaria, el gobierno de los Estados Unidos viene en su ayuda a través de ayuda extranjera facilitándole reservas de oro y divisas.

Desgraciadamente, quienes gastan la ayuda económica que los Estados Unidos otorgan, ignoran que nuestra propia moneda está muy debilitada, que nos amenaza una devaluación y una suspensión de nuestros pagos al extranjero en oro.

Los pueblos desposeídos de Latinoamérica necesitan de impuestos más bajos, de una sana política monetaria y de más iniciativa y capital privado, a pesar de que el criterio de las autoridades norteamericanas, su ejemplo y consejos prediquen exactamente lo contrario.

Ellos no necesitan de ninguna «Alianza para el Progreso», sino de una alianza para la libertad, que es la condición indispensable para el progreso.

«La economía de mercado social no implica la libertad de los empresarios para eliminar la competencia por medio de convenios del tipo de los carteles; por el contrario, implica la obligación de granjearse el favor del consumidor por aquello que rinda y realice en competencia con el concurrente. No es el estado el que debe decidir quién ha de vencer en el mercado, ni tampoco una organización de empresas como son los carteles, sino exclusivamente el consumidor, la calidad y el precio determinan la clase y orientación de la producción, y sólo conforme a estos criterios se verifica la selección en el terreno de la economía privada». (Ludwig Erhard: «Bienestar para Todos»).

Artículo publicado originalmente en CEES, N. 40, Abril 1962. Tomado de http://www.biblioteca.cees.org.gt/

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